Valencia
El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de Ribera Salud en el Departamento de Salud de Torrevieja ratifica las conclusiones del redactado sobre Manises -gestionado por Bupa Sanitas-: mejores ratios de atención al cliente, más inversión y menos coste para las arcas públicas que los departamentos de gestión pública directa. En concreto, "supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública", según la auditoría de la Sindicatura, que cubre el periodo 2003-2016. "Al evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia, podemos concluir que Torrevieja es uno de los departamentos de salud más eficientes", concluye tajante el informe.
No solo eso, sino que incluye, también, otro de los tres departamentos que administra en concesión Ribera Salud, el de Elx-Crevillent, y La Ribera -que gestionó la empresa hasta abril de este ejercicio- entre los siete más eficientes de la Comunitat.
El Departamento de Salud de Torrevieja alcanzó, en el ejercicio 2016, un índice de consecución del 63,9% de los objetivos establecidos en los 'Acuerdos de Gestión' con la Generalitat, sensiblemente superior al conjunto de departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, que tuvo un índice de consecución del 47,9%. "En particular, y respecto a los objetivos relacionados con el área 'Mejorar la atención prestada', es significativo el menor tiempo que deben esperar los pacientes con solicitud en lista de espera quirúrgica, 38 días en el Departamento de Salud de Torrevieja frente a la media autonómica de 115 días", destaca.
La auditoría de la Sindicatura destaca que "el coste medio por hora de trabajo efectivo del personal con contrato laboral en el Departamento de Salud de Torrevieja asciende a 28,6 euros, un 8,6% inferior al coste medio por hora del personal estatutario en el conjunto de los departamentos de salud (31,3 euros), debido a factores tales como la estructura retributiva, los índices de absentismo del personal, la estructura organizativa de mandos directivos e intermedios y la antigüedad media de la plantilla".
Asimismo, recoge que "cada médico de familia en el Departamento de Salud de Torrevieja tiene asignadas 52 tarjetas más que la media autonómica (1.423 tarjetas) y 70 de estos facultativos tienen asignadas más de 1.500 tarjetas, lo que supera el cupo recomendado por las sociedades científicas", por lo que insta a Ribera Salud a "atender las recomendaciones de las sociedades científicas en cuanto a la asignación de tarjetas sanitarias por médico".
Las inversiones ejecutadas por el concesionario hasta 2016 ascienden a 104,4 millones de euros, un 129,8% del importe comprometido en su oferta económica.
Ineficaz control de la Generalitat
La Sindicatura considera que el sistema de control de la gestión realizada por el concesionario por parte de la Administración en el periodo analizado "ha resultado ineficaz". Entre otros puntos, señala que "la Administración no ha realizado ninguna auditoría integral anual del concesionario", así como que no ha ejercido una revisión efectiva directa de inversione y equipamientos.
Además, critica que el órgano de contratación no ha liquidado el precio final del contrato desde 2013 a 2017, "por lo que el órgano de contratación no ha cumplido con las obligaciones impuestas por el contrato". El precio final abonado del contrato en el periodo 2006-2016 es 108 millones, "superior al precio resultante de aplicar la literalidad de los pliegos".
"Para facilitar y agilizar el proceso de liquidación del precio del contrato, resulta preciso que el órgano de contratación defina un procedimiento claro, con el consenso del concesionario, en el que se establezcan aspectos tales como los plazos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para aprobar el precio del contrato", aconseja el organismo auditor.
Recurso de Ribera Salud
"A la fecha de elaboración de este Informe, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no ha resuelto la demanda presentada por el concesionario reclamando el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato como consecuencia de, a su juicio, la concurrencia de diversas circunstancias que han dado lugar a importantes perjuicios económicos que cuantifica en 53,6 millones de euros desde el inicio del periodo de concesión hasta el 31 de diciembre de 2015", detalla.
A este respecto, indica que "la Conselleria debería tramitar los correspondientes expedientes, dado que las liquidaciones deben recoger y cuantificar exclusivamente los conceptos que la literalidad de las obligaciones contractuales ha definido".
