Valencia
Joan Llinares (Alzira, Valencia, 1953) tomó posesión de su cargo como director general de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana el 30 de junio de 2017. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su candidatura fue propuesta por Acción Cívica Contra la Corrupción, el Observatori Contra la Corrupció y Fundación por la Justicia y fue elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría superior a las tres quintas partes y sin ningún voto en contra, tras haber participado en destapar la corrupción de instituciones como el Palau de la Música de Barcelona o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). (Más contenidos en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
¿En qué punto está la Agencia Antifraude tras este primer año?
Cuando asumí el proyecto, no existía nada; no tenía ni gente ni presupuesto aprobado y tuve que empezar por los trámites administrativos de constitución de la Agencia. Actualmente, ya hay 22 personas, de la plantilla prevista, de 31. Espero que estén todos este año. Al tiempo que seguimos en ese camino, la Agencia está cumpliendo con sus obligaciones.
¿Cuál es el volumen de denuncias que está llegando a la institución?
El año pasado, recibimos, en total, 37. En 2018, ya hemos llegado a 150 y, con este ritmo, en el primer año completo de funcionamiento podemos movernos en unas 200. No esperaba tantas. Estamos desbordados porque la estructura de la Agencia que diseñé no contemplaba que podía llegarnos tanto trabajo. Además de las denuncias, hay instituciones que nos piden que asumamos procesos de investigación y estamos ayudando a la justicia a nivel pericial, lo que conlleva también una carga considerable de trabajo.
¿En qué ámbitos principales se centran esas denuncias y cuántas acaban en los Tribunales de Justicia?
Hay seis grandes áreas. La primera, la contratación pública, que es el ámbito mayoritario. La segunda, las concesiones administrativas. A continuación, las subvenciones, el urbanismo y la selección de personal. La sexta sería la gestión del patrimonio público para beneficios ilegítimos privados, bien para quien adopta las resoluciones injustas o para terceros. En ocasiones, nos encontramos con denuncias genéricas, que no van a ningún sitio. No podemos plantear causas generales contra una institución o contra una personas; exigimos concreción y datos. Al recibir la denuncia, se abre expediente y, si detectamos posibles irregularidades, se inicia una investigación. Nos llegan casos en los que el denunciante también ha presentado denuncia ante la Justicia. En estos casos, tenemos la obligación de inhibirnos y ponernos a disposición de la jurisdicción correspondiente. Puede ocurrir que la Fiscalía no observe ilícitos penales, pero sí que haya ilícitos administrativos, donde la Agencia sí tiene competencia.
¿Se ha notado un aumento de las denuncias tras la articulación del buzón que facilita el anonimato?
El buzón permite al denunciante identificarse o hacer una denuncia anónima. Se está usando al 50 por ciento. Con las anónimas, tenemos una extrema cautela, con una serie de comprobaciones previas, para que la persona o institución no sufra perjuicio si no hay causa real. Llegan denuncias de todos los ámbitos, de la sociedad civil y de la Administración. Para que no puedan sufrir represalias por lo que, en definitiva, es obligación de cualquier ciudadano, denunciar una conducta ilegal, tenemos la obligación de confidencialidad y de proteger la identidad del denunciante. Si la denuncia se confirma, está reconocido el Estatuto de Persona Denunciante, que tiene amparo legal y un acompañamiento jurídico por parte de la Agencia y la prohibición expresa de que sus superiores puedan realizar cualquier acto que cause perjuicios en su vida personal y profesional.
¿Qué tipo de administración o qué cargos están siendo objeto de más denuncias?
Hay que tener en cuenta que en la Comunitat Valenciana hay 542 ayuntamientos; son la administración mayoritaria y es lógico que nos lleguen más denuncias. También respecto a la Administración autonómica, empresas públicas, partidos políticos... Yo creo que las empresas públicas son uno de los flancos más débiles de la gestión de la integridad en lo público. Requieren una toma de conciencia. En la empresa privada, el empresario asume la responsabilidad de lo que hace y va contra su propio patrimonio si lo hace mal, pero en el ámbito público, lo sufren todos los contribuyentes. Las empresas públicas tienen la obligación de actuar bajo un estricto sistema de integridad. Tenemos verdaderos problemas. No hace falta más que leer en los periódicos. Es fundamental la responsabilidad en cuanto a controles, fiscalización y objetivos, con el fin de que se puedan evitar otras emarsas, por citar un ejemplo sobre el que ya hay sentencia, aunque aún no sea firme.
¿Qué porcentaje de las investigaciones de la Agencia acaba en la Fiscalía?
Es pronto para hablar de porcentajes, puesto que 2018 será el primer año completo de operativa de la Agencia. Si existen conductas punibles desde el ámbito del Derecho Penal, trasladamos el expediente a la Fiscalía para que incoe sus diligencias y, en su caso, formule querella. Ya se ha dado en varios casos. La Agencia se inhibe y queda a disposición de la Fiscalía, por si nos plantea una investigación más detallada. Si lo que hay son irregularidades administrativas, se ponen los hechos en conocimiento de la Administración correspondiente. Se pueden plantear recomendaciones para corregir lo que se ha hecho mal, pueden existir responsabilidades -con expedientes disciplinarios-. La Agencia siempre hace seguimiento.
Se ha mostrado muy crítico respecto a la prescripción de los delitos de corrupción.
Mi tesis es que la corrupción es un delito contra la Constitución. No hay un delito de corrupción como tal. Muchos delitos con nombre propio -cohecho, prevaricación, apropiación de fondos públicos- engloban conductas que recogemos con el nombre de corrupción. Desde mi punto de vista, esas conductas, cuando favorecen a un particular o a una empresa, porque ha sobornado, porque se ha comprometido a pagar un 3 por ciento un 5 por ciento, atentan contra un principio constitucional, el de igualdad, además de que quiebran el principio de funcionamiento del mercado. Partiendo de esta tesis, los plazos de prescripción no pueden ser los que son. Muchos casos aparecen cuando quien los comete ya no tiene el poder, y ha estado muchos años ocultándolos. En el caso del Palau de la Música, el propio juez instructor me dijo que no le llevara hechos de más de 10 años. Nos quedamos en 35 millones de fraude. Si hubiésemos podido continuar, porque teníamos documentación y medios, serían muchos más. El señor Millet llevaba 30 años haciendo lo que estaba haciendo, y no lo pudimos investigar. Los que se estaban beneficiando a nivel político de la fórmula del 3 por ciento, seguro que también estaban antes. Se nos ha echado en cara que nos centramos en Convergencia, pero, si hubiésemos tirado para atrás, habrían aparecido otros. Eso lo tengo claro, y habrían ido al juzgado, también. Cuando se ha hecho tanto daño a la sociedad, no puede aplicarse la prescripción. ¿Para qué se va a esforzar una empresa en mejorar su calidad si luego le dicen que pagando el 3 por ciento va a tener el contrato? Nos lleva a la mediocridad. Son delitos muy graves, porque se cargan principios y fundamentos del modelo de sociedad que nos hemos dado. Por ello, planteo que la corrupción debería tener un plazo de prescripción mucho más largo.
Dado este impacto, ha puesto sobre la mesa un gran Pacto contra la Corrupción. En un momento con tantas divisiones, ¿lo ve viable?
Insisto en que hay que hacer ese pacto, por la integridad pública y de denuncia de la corrupción, y que se instituya con una declaración solemne de los partidos y la sociedad civil, para dejar atrás todo lo que nos estamos encontrando. Tiene que hacerse con una voluntad firme de cambio y de modernización de la sociedad. Que sirva como puesta al día como sociedad homologable a las del resto de la Unión Europea, a las que nos queremos parecer. Un punto y aparte. Acabar con el y tú más, que siempre surge cuando a un partido incurre en una conducta fraudulenta. La propia sociedad lo exige cuando, encuesta tras encuesta del CIS, los problemas que más preocupan a los ciudadanos son el desempleo y la corrupción.
¿Han intentado los partidos políticos influir en la labor de la Agencia?
Es uno de los riesgos y tenemos la obligación de neutralidad. En ninguno de los expedientes de investigación abiertos que afectan a ayuntamientos aparece el color político ni la composición de su estructura. Analizamos los hechos y da igual la ideología de la persona que los haya llevado a cabo. La neutralidad es imprescindible, junto con el rigor.
De cara a garantizar esa independencia y rigor, ha planteado la necesidad de introducir ciertos cambios en la ley que regula la Agencia, que está trabajando en su desarrollo reglamentario.
En la puesta en marcha de la Agencia hemos detectado cuestiones que habría que revisar. Entre ellas, la naturaleza jurídica de la que habla la ley. No es una entidad pública, debería llamarse de otra manera, porque remite a situaciones irreales y que no permite la propia ley -personal funcionarial, servicios,...-. Además, las entidades públicas están siempre adscritas a una conselleria y nosotros lo estamos a las Cortes. No tenemos la vía de oposiciones; solo funcionarios de carrera, lo que genera una gran disparidad de situaciones, por lo que necesitamos un estatuto propio del personal. Hemos tenido dificultad de encaje, porque al quedar restringidos por la ley de función pública de la Generalitat, había diferencias hasta el 30 por ciento en retribuciones respecto a sus puestos actuales. Supone una barrera para completar la plantilla de la Agencia. Pedimos que se nos permita definir nuestras peculiaridades. Modificaciones puntuales en la línea de hacer una ley más congruente y despejar cualquier duda que pudiera haber. Otra cuestión relevante es la fiscalización de la agencia; quién vigila al vigilante. Planteamos que sea la Sindicatura de Cuentas y, en el caso del día a día, la Intervención de las Cortes. En este momento, es la Intervención General, pero, dado que la Generalitat es nuestro ámbito de actuación, pueden surgir conflictos de interés. En cuanto al Reglamento, en menos de un mes saldrá a consulta pública, para que pueda aprobarse en Les Corts a final de año.
En el nombre de la Agencia aparece destacada, junto a la lucha, la prevención del fraude y la corrupción. ¿Qué estrategia se está siguiendo en este ámbito?
Creemos que tiene que haber una reflexión y una voluntad de crear marcos de integridad en la gestión de lo público y que la prevención pasa por la formación. En esta línea, estamos desarrollando módulos formativos dirigidos a funcionarios y empleados públicos. Los que hemos accedido a la función pública por oposición, no hemos tenido ninguna referencia a la ética en la gestión pública, y aún no existe. Y estamos en contacto con universidades para trasladarlo también al ámbito curricular, de manera que se tenga en cuenta en la formación de los futuros profesionales y gestores. Que tengan claro que quien accede a la función pública no puede hacerlo buscando enriquecimientos personales. Esta parte es muy importante en una sociedad donde la corrupción ha sido banalizada y aceptada como una manera de hacer las cosas, con todo el daño que ha supuesto. En España ha sido un factor acelerador y agravante de una crisis que se produjo por causas internas y otras ajenas. La burbuja inmobiliaria especulativa la creamos aquí y buena parte de ella participó de la corrupción. Los sistemas de vigilancia y control han funcionado en los países del Norte de Europa que ponemos como ejemplo. Hace 35 ó 40 años empezaron a crear este tipo de agencias.
¿Qué grado de implantación han alcanzado en España?
A nivel europeo, somos 93 agencias. Es un modelo de gestión de lo público muy avanzado en otros sitios y estamos aprendiendo. Ahora existen en Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra y Asturias y en las ciudades de Madrid, Barcelona -participé en su creación- y Zaragoza. En junio, nos reunimos por primera vez los representantes de estas agencias para establecer una colaboración en red, con intercambio de información y experiencias. Nos reuniremos cada 6 meses. En diciembre, nos encontraremos en Valencia.
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