La Agencia Tributaria ha acreditado la existencia de pagos de empresas privadas a la agencia de comunicación Crespo Gomar que, según la investigación policial, no corresponderían a servicios reales prestados, sino que, presuntamente, se habrían destinado a financiar las campañas electorales del PSPV en 2007 y 2008. Así consta en un informe de la Policía incluido en uno de los sumarios de la causa, según publica el diario 'El Mundo'.
El presunto entramado para la financiación irregular del partido incluiría facturas falsas tanto a compañías de la región -como las constructoras Blauverd y Lubasa- como a grandes grupos nacionales -Metrovacesa- y multinacionales -como BurgerKing-. El informe destaca que los movimientos analizados se corresponden con los recogidos en los correos electrónicos que dieron pie a la investigación, así como con testimonios de exempleados de CrespoGomar -disuelta en 2014-.
"En la investigación se incluyen, desde el principio, los correos que demuestran que la directriz con que operaban tanto los trabajadores de Crespo Gomar como los de las firmas pagadoras provenían del PSPV de Benidorm, en concreto, de Anabel Hallado, entonces secretaria de Organización local", recoge el texto de 'El Mundo'. Destaca que los pagos investigados coinciden "hasta en los céntimos" con los denunciados.
Las empresas que habrían pagado las facturas falsas habrían logrado tratos de favor en concursos públicos. La propia Crespo Gomar firmó contratos con varios ministerios de Zapatero -Vivienda y Sanidad-, directamente y con sociedades vinculadas, con los ayuntamientos de Benidorm y Gandía y empresas públicas. Exaltos cargos de estos ministerios han declarado ya ante los jueces que instruyen las diferentes piezas en juzgados de Valencia, Benidorm, Gandía y Madrid.
El PP ha anunciado su intención de llamar a declarar por estos hechos en la comisión del Senado sobre las cuentas de los partidos políticos a Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.
Puig se limitó a decir que un auto judicial de abril confirma que "no hay financiación ilegal" y que "siempre apoyará lo que diga la Justicia".
