Comunidad Valenciana

El juez cree probado que el PPCV se financió ilegalmente y lamenta que no hayan sido juzgados "todos los que son"

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha considerada probada la existencia de una trama delictiva para la financiación ilegal de las campañas electorales del PP valenciano en 2007 y 2008, a través de facturas falsas pagadas por empresarios a la sociedad de la red Gürtel Orange Market. En total, el partido -presidido, en esos años, por Francisco Camps-, habría ingresado, sin la pertinente contabilización y control, 1,23 millones de euros en 2007 y 801.810 euros en 2008 -cuando Mariano Rajoy era candidato a la presidencia del Gobierno-. El juez ve un entramado "criminal", en el que habría prevalecido, por un lado, el "ánimo de lucro" de las empresas -tanto de la Gürtel como las contratistas de obra pública implicadas- y, por otro, la "ambición" y el ansia de "poder" de los políticos del PPCV.

La sentencia fija condenas de cuatro años de prisión para el exsecretario general del PP en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa; cinco años y tres meses para Francisco Correa; cinco años para Pablo Crespo; seis años y nueve meses para Álvaro Pérez, 'El Bigotes';cinco años y un mes para Cándido Herrero; y diversas penas para el resto de acusados.

En el caso del exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, queda absuelto, porque "no hay vestigio alguno de intervención en el sistema de ideación o preparación" de la caja B del PPCV, por lo que "existe una probabilidad razonable de que no lo hiciera".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

"Soborno en diferido"

El magistrado José Manuel Vázquez Honrubia explica que las campañas se financiaron por dos vías: con las subvenciones públicas que tenían asignados los partidos y con aportaciones en efectivo y de empresarios que tenían adjudicaciones con la Generalitat, que afrontaron "facturas falsas" de la firma de Gürtel Orange Market. "Se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan campañas y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos", apunta.

Los nueve empresarios juzgados -Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Tomás Martínez, Rafael Martínez, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá, Vicente Cotino y Gabriel Alberto Batalla-, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para confesar y evitar, con ello, su ingreso en prisión, sustituida por multas. Admitieron el pago de 1,2 millones y han depositado, para cubrir su responsabilidad, 1,05 millones.

El juez diferencia "tres grupos delictivos" dentro de la rama valenciana de la Gürtel: el 'Grupo Correa', formado por los cabecillas de la red y de Orange Market; el 'Grupo Político', compuesto por Ricardo Costa, David Serra, exvicesecretario del PP valenciano; Cristina Ibáñez, exgerente, y Yolanda García, extesorera, y  el 'Grupo empresarial', con los 9 empresarios juzgados.

Camps y Campos, indemnes

Vázquez Honrubia subraya la frase de Pérez: "Son todos los que están, pero no están todos los que son".

En este sentido, da "notable credibilidad" a los testimonios que apuntaron a la implicación del expresidente Francisco Camps en la vista oral -entre ellos, el de Ricardo Costa-, pero señala que "es imposible jurídicamente emitir pronunciamiento contra él, porque comparece como testigo". También se apuntó durante las declaraciones a la participación en los hechos de los exvicepresidentes Víctor Campos y Juan Cotino.

En todo caso, indica que sus actos "habrían prescrito, por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna". Asimismo, recuerda que Camps está imputado en tres piezas de la Gürtel.

"Conforme al principio acusatorio formal, no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta", concluye el magistrado.

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