El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a los años 2000 a 2007. Entre ellas, constarían presuntos sobrecostes en contratos con Vossloh (ahora Stadler Rail), que superarían los 15 millones de euros, según la investigación preliminar.
El Consejo de Administración de FGV recibió el pasado 28 de marzo las conclusiones de la auditoría extraordinaria realizada en la empresa a instancias de la presidenta del consejo y consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas de Metrovalencia y TRAM d'Alacant.
Tras las conclusiones de la auditoría, los miembros del consejo acordaron que la empresa pública realizase una investigación interna, cuyas conclusiones debían entregarse a los miembros del consejo en la primera convocatoria del mismo, que se ha realizado en la mañana de este lunes.
Fuentes de la Conselleria detallan que ambos informes se han remitido de forma íntegra tanto a la Fiscalía como a la Intervención para que los órganos competentes determinen la existencia de responsabilidades sobre estos expedientes, ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat Valenciana.
