Diego Romá, licenciado en Derecho por la Universitat de València, cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos transnacionales de cooperación empresarial y creación de redes profesionales. En 2013, asumió la gerencia de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval), cuya evolución en los últimos ejercicios es reflejo de la recuperación y dinamización de la economía de la región. (Más noticias, reportajes, análisis y entrevista en la revista digital gratuita 'eE Comunitat Valenciana').
En 2017, Fepeval sumó tres nuevas asociaciones y representa ya los intereses de 36 entidades de 120 áreas empresariales, en las que se ubican más de 6.000 empresas. La organización mantiene contactos con otras 13 entidades, de cara a su posible incorporación a la federación, en un contexto marcado por grandes avances en profesionalización de la gestión y mejora de los servicios de las áreas industriales, sobre la base de la cooperación público-privada, que Romá espera que se acentúe con la entrada en vigor de la futura Ley de Gestión de Áreas Empresariales, en fase final de tramitación en Les Corts.
¿Cómo se ha logrado que las áreas empresariales dejen de verse como 'el último barrio' del municipio para convertirse en zonas estratégicas?
Estamos viendo una tendencia positiva y, poco a poco, se va extendiendo y consolidando una cultura de gestión de calidad de las áreas industriales, que implica tanto a las empresas como a las Administraciones Públicas -sobre todo, a los ayuntamientos-. Existe una conciencia de que la economía productiva es la base del crecimiento y desarrollo de las regiones, y la industria vuelve a recuperar puntos en el PIB. Se trata de empresas que generan empleos más estables y de mayor calidad que las de otros sectores. En cuanto a las propias compañías, se están dando cuenta de que para que las áreas industriales vayan adelante es importante unirse y ganar peso en la interlocución con la Administración pública -sobre todo con ayuntamientos- y con proveedores de servicios. Hay que seguir avanzando en el objetivo de dejar de ser el último barrio de cada municipio, sujetos a falta de servicios, infraestructuras y abandono, y recibir más inversiones para su mejora y desarrollo. Pese a que las áreas industriales generan más del 50 por ciento del PIB de este país, apenas se reinvierte en ellas un cinco por ciento de lo que generan vía impuestos, lo que afecta a la competitividad de las empresas y a las condiciones de los trabajadores. Poco a poco, esto va cambiando.
¿Cómo va a contribuir a este cambio la futura Ley de Gestión de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana?
Estamos muy satisfechos con la nueva ley, la primera en España que regula la gestión de las áreas empresariales, con el objetivo de modernizar estas zonas e implementar servicios de valor añadido. La tramitación en las Cortes Valencianas está muy avanzada y podría aprobarse esta primavera. Es pionera, innovadora, práctica, avanzada y participativa y supone un gran avance, ya que, hasta ahora, no había ni una línea que regulase estas zonas, en las que se aplicaba mal el urbanismo residencial. Entre las principales novedades, están la apuesta por la cooperación público-privada entre las empresas asentadas y los ayuntamientos; su gestión por una gerencia profesionalizada; la creación de un mapa de suelo industrial de la Comunitat Valenciana, que incluirá una clasificación de las áreas industriales -según la calidad de sus instalaciones, infraestructuras y servicios-, lo que servirá no solo para atraer a posibles inversores, sino, también, para incentivar una competencia sana entre municipios; la creación de la figura del municipio industrial estratégico -a la que podrán optar las localidades con más de 500.000 metros de suelo destinado a estos fines que cumplan con unos estrictos criterios de calidad y servicio- y de enclave tecnológico, y la articulación de ayudas e incentivos económicos y administrativos. La creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas empresariales es clave para fomentar la colaboración público-privada entre propietarios de suelo y administración pública, que permita no sólo una buena conservación y mantenimientos, sino, también, el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido que potencien su competitividad. Los planes de emergencia, servicios de seguridad y vigilancia, acuerdos comerciales, formación, gestión de residuos, guarderías o ludotecas, energías alternativas, asesorías, imagen corporativa o la creación de un verdadero ente de representación de carácter territorial ante otras entidades y administraciones son servicios de los que carecen más del 90 por ciento de los polígonos y que podrían empezar a desarrollarse con la nueva Ley y la creación de EGM.
Al ser una normativa pionera en España, ¿se ha detectado interés por parte de otras comunidades autónomas?
Nos consta que otras autonomías están muy interesadas y mirando con mucha atención lo que está pasando en la Comunitat Valenciana. Fepeval ha explicado estos desarrollos en congresos organizados por las federaciones de áreas industriales de otras regiones, como Aragón o Castilla-La Mancha, así como en entidades como el Iese. En función de cómo se articule y cómo evolucione el modelo aquí, seremos ejemplo para el resto de España. En el caso de Murcia, ya se ha empezado a trabajar en este sentido.
La Generalitat está ya trabajando en el mapa de áreas industriales. En qué punto está este proceso y qué supondrá para el sector.
La Conselleria de Economía ha empezado a definir ya el mapa, lo que supone un gran avance, porque no sabemos realmente qué hay. Hasta ahora, apenas se han censado unas 400 de las más de 700 estimadas. Además, para que realmente actúe como una auténtica herramienta de promoción a nivel internacional, los datos y su presentación deben cumplir una serie de requisitos, como, por ejemplo, ofrecerse en varios idiomas y recoger información sobre conexiones con infraestructuras, servicios,...
Economía ha innovado, también, con el lanzamiento de ayudas para la inversión y mejora en polígonos. ¿Cuál ha sido el resultado?
En 2017, se articularon líneas de ayudas para áreas industriales, centradas en algunas en concreto, dotadas con unos 24 millones. Este año, se han hecho extensivas a todas. Es la primera vez que se abre esta línea y es una ocasión histórica para que los ayuntamientos inviertan en estas zonas, con actuaciones en materias como eficiencia energética, asfaltado, banda ancha, señalización, zonas verdes, depósitos de agua, páginas web, etcétera.
Una de las principales quejas de las empresas se centra en la calidad de las infraestructuras y servicios tecnológicos y energéticos. ¿Está afectando la falta de inversiones a la competitividad de la industria?
La digitalización es uno de los grandes retos de las áreas industriales. Uno de los grandes problemas es que muchas aún carecen de implantación de banda ancha y, ante los procesos de digitalización que están abordando las empresas, se produce un cuello de botella. Tanto el Ministerio de Industria como la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat están trabajando para articular ayudas en esta materia. Es un tema acuciante, porque supone un lastre para las empresas. En las áreas con pocos usuarios, las obras de instalación no son rentables para las compañías, por lo que, o se incentiva con apoyo público, o no se va a avanzar. Cualquier empresa ya es global, porque su competencia lo es, y la digitalización es esencial. Quien no la afronte en los próximos dos o tres años, lo va a pasar muy mal. En cuanto a las infraestructuras energéticas, son, en muchos casos, otro cuello de botella. Ciertas áreas sufren problemas de potencia y no pueden crecer más por falta de suministro o problemas en la calidad del servicio. Hay que reducir en lo posible los huecos de tensión o microcortes. Para una empresa, que la luz se vaya un milisegundo puede suponer importantes pérdidas.
Fepeval ha puesto, también, sobre la mesa la necesidad de avanzar en políticas y sistemas de seguridad.
Así es. Una de las prioridades es afrontar la falta de regulación y gestión de Planes de Seguridad Integrales y de emergencias para las distintas áreas. Como se ha puesto de manifiesto en algunos incidentes -como el gran incendio en el Polígono Fuente del Jarro, en 2017- estamos muy atrasados y hace falta, también, un impulso por parte de las Administraciones Públicas.
En los últimos años, se han disparado las operaciones de compraventa y alquiler de suelo. ¿Qué tipo de activos son los preferidos?
Vemos más operaciones tanto de suelo como de naves. Partíamos de un gran stock acumulado durante la crisis -con entre un 30 por ciento y un 40 por ciento sin ocupación-. Ahora hay una importante demanda, sobre todo de solares y naves con grandes dimensiones para uso logístico, tanto por parte de compañías, para su uso directo, como de fondos e inversores, para su explotación en arrendamiento. Un ejemplo de esta tendencia es Parc Sagunt, que ha protagonizado grandes transacciones. Aunque aún queda mucho stock -no tenemos datos concretos-, sí hemos constatado que los polígonos más maduros y consolidados están llenos y en algunos -como Elche o Las Atalayas- se están abordando o estudiando ampliaciones, dado que sigue existiendo demanda. El tamaño y el efecto tractor son importantes.
¿Es posible dar salida a los polígonos 'fallidos' que nacieron al calor del boom inmobiliario?
Sigue habiendo polígonos que no levantan cabeza. El fuerte crecimiento económico en los años previos a la crisis y el boom inmobiliario derivaron en una explosión de proyectos de uso empresarial: existen en la Comunitat 712 polígonos, número que supera con creces al de municipios de la región, 542. El exceso de proyectos y oferta, unido al impacto de la crisis, ha llevado a que un tercio de estas áreas se encuentran casi vacías o abandonadas. Hay algunos desarrollos bien ubicados, que podrán ir reactivándose con la mejora económica, pero otros son inviables.
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