La Comunitat Valenciana tendría que recibir unos 1.075 millones de euros de inversión estatal para situarse en la media del conjunto de las comunidades autónomas, según los cálculos de la Generalitat. Frente a ello, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 fija 740 millones. Una cantidad que, aunque supera en 150 millones la de 2017, la mantiene a la cola de las regiones -solo por delante de Canarias y Navarra- y agranda la infrafinanciación por habitante: recibirá 67 euros menos per cápita que la media -con 150 euros, por debajo de los 217 euros de media-, frente a los 66 del año pasado.
En este contexto, el presidente valenciano, Ximo Puig, denuncia que el proyecto de PGE "confirma la tendencia y la cronificación de la infrainversión" en la Comunitat Valenciana. "Desde 2011, ha dejado de recibir 2.650 millones, lo que se traduce en una pérdida de 31.000 empleos -3.900 este año-". En términos de crecimiento, afirma que "si tuviera una financiación e inversión adecuadas, el PIB crecería alrededor de un punto más".
Mientras que el peso poblacional de la región sobre el total nacional es del 10,6 por ciento, las inversiones serán solo de un 6,3 por ciento. La patronal autonómica, la CEV, considera que "estas inversiones resultan insuficientes, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo" y están "sensiblemente por debajo de la media nacional, así como de lo que nos correspondería por cualquier parámetro macroeconómico medianamente coherente". "Entendemos que existe recorrido de mejora en el trámite parlamentario", plantea.
El presidente señaló que la diferencia con la autonomía con mayor inversión llega hasta los 219 euros por habitante. "Si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe, este año obtendría 1.500 millones más", aseguró.
La peor situación es la de la provincia de Alicante, a la que corresponden 271 millones de los 334 millones en los que la Generalitat cifra la inversión en la Comunitat.
"Arbitrariedad" en el reparto
El jefe del Consell ha señalado que, pese a que en los presupuestos se prevé un incremento de la recaudación de los impuestos que integran la financiación autonómica (aumentos del 5,2% en el caso del IRPF, del 6,1% en el del IVA y del 4,1% en el de los impuestos especiales), la previsión de entregas a cuenta del sistema de financiación en ese mismo presupuesto es de solo un 3,87%.
"El Ministerio de Hacienda distribuye de manera absolutamente arbitraria la recaudación", ha criticado Puig, que ha remarcado que "se está actuando con una profunda deslealtad" desde el Gobierno central.
Además, sobre la propuesta lanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de plantear una reestructuración de deuda autonómica a las "comunidades cumplidoras" a cambio del apoyo a sus presupuestos, el jefe del Consell ha declarado que la cuestión del cumplimiento "es un debate falso".
Así, el presidente ha defendido que "con los peores índices de financiación", la Comunitat Valenciana ha sido de las que más ha reducido el déficit. "A pulmón de los valencianos", ha apostillado. Además, ha aprovechado para pedir que se ponga de nuevo en la agenda "de manera inmediata" el debate del cambio de modelo financiación.
"Discriminación" de Fomento
Respecto a los presupuestos que dedica el Ministerio de Fomento a la Comunitat Valenciana, Puig los ha calificado de "escasos y diametralmente opuestos a todo aquello que ha venido anunciando el ministro", además de "discriminatorios porque demuestran una nula sensibilidad en cuestiones esenciales".
Como ejemplo de ello, el presidente ha resaltado que no se otorgue la subvención para el transporte metropolitano de València. "La Generalitat, el Ayuntamiento de València y el conjunto de ayuntamientos del área metropolitana hemos hecho aquello que nos decía el ministerio para ser incluidos en esta subvención", ha reivindicado Puig, quien ha pedido igual trato que otras ciudades que sí cuentan con ese apoyo del Gobierno, como es el caso de Madrid, Sevilla o Barcelona.
Así, el president ha señalado que esta "arbitrariedad" impide que los valencianos tengan los mismos derechos que otros ciudadanos del Estado. "No es asumible que no se destine ni un solo euro al transporte metropolitano de València cuando hemos creado la Autoridad del Transporte Metropolitano, cuando hemos puesto en marcha los planes de movilidad sostenible y cuando se ha iniciado la reordenación del nuevo mapa de transportes", ha denunciado.
En cuanto a la inversión ferroviaria, planteada en 380 millones, el presidente se ha preguntado dónde está la prioridad para el Corredor Mediterráneo o la de la red de Cercanías, a tenor de las bajas inversiones apuntadas para infraestructuras como la plataforma de València a Castellón, la mejora de la línea Sagunto-Teruel, el túnel pasante de València o el cumplimiento del plan de Cercanías.
Respecto a este plan, Puig ha recordado que los 1.437 millones anunciados en una inversión prorrateada en 9 años han quedado en una partida de 20 millones para el presente año, cuando la inversión mínima hubiera tenido que ser de 150 millones.
Además, Puig le ha recriminado al ministerio las "pequeñas partidas" dedicadas infraestructuras de Cercanías en toda la Comunitat, así como que no aparezca ninguna para la electrificación y mejora de la línea C3, "cuando el plan de Cercanías prevé 320 millones", o la reducción de 84 a 68 millones en el importe destinado a la Alta Velocidad en Alicante.
Otra partida que ha sido cuestionada por el jefe del Ejecutivo valenciano es la de los 1,2 millones para la redacción del proyecto de plataforma para la línea València-Castellón, un proyecto que, como ha recordado, ya se encontraba redactado y licitado en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno, pero que ha caducado por el paso del tiempo, en lo que Puig ha calificado de una "grandísima ineficiencia económica".
Por otra parte, lo que se refiere al transporte por carretera, el presidente ha lamentado que el escaso presupuesto "alargue las obras año a año", como es el caso de las del puerto de Querol, las de la Font de la Figuera, o las de la variante de Cullera-Favara. Además, también se ha reducido el presupuesto para la seguridad vial "en un momento en el que se están volviendo a incrementar los accidentes de tráfico", lo que Puig ha catalogado de "grave irresponsabilidad".
