PSPV y Compromís anunciaron sendas investigaciones internas para aclarar las presuntas prácticas de financiación ilegal en la campaña electoral de 2007 -en el segundo caso, centrada en uno de los partidos que integran la coalición, el Bloc- y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades por unos hechos que pueden hacer saltar por los aires el pacto de Gobierno en la Comunitat Valenciana -Pacte del Botànic-, a poco más de un año de las elecciones autonómicas. Cuatro juzgados, dos de Madrid, uno de Benidorm y otro de Gandía han asumido la investigación, tras la denuncia del PP.
"Desde nuestra perspectiva, lo mismo nos da que los delitos estén prescritos o no, actuaremos con contundencia si ha lugar", afirmó ayer el secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos. En la misma línea, Ximo Puig afirmó que, "si en algún momento se ha hecho algo mal, se asumirán responsabilidades por quien corresponda". En el caso del PSPV, el líder era entonces Joan Ignasi Pla, y el enlace con la presunta red de financiación irregular sería José Cataluña, responsable de finanzas del partido.
Más tibio ha sido Compromís. La investigación salpica directamente al actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, máximo responsables del Bloc en el mo-mento de los hechos, y a su actual jefe de gabinete, Josep Miquel Campos, cuyo nombre aparece en la documentación investigada. Morera asegura que toda la contabilidad es legal y pública, y se mostró reacio a una investigación.
Sin embargo, Águeda Micó, actual líder del Bloc, mostró su confianza en la gestión de la anterior ejecutiva, pero es contundente al afirmar que, si se detecta alguna irregularidad, el partido "actuará con total contundencia".
En todo caso, las actuales ejecutivas de ambos partidos, con el presidente del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, en las cúpulas, se han desvinculado, destacando que esos hechos se produjeron con anterioridad a la asunción de sus actuales responsabilidades.
El modelo Gürtel
El sistema empleado es similar al utilizado por el PPCV con Orange Market -juzgado actualmente en la Audiencia Nacional-. En este caso, se habría articulado a través de la agencia de comunicación Crespo Gomar, con sede en Gandía. Según los resultados de la investigación, esta empresa habría emitido facturas falsas a compañías por servicios no prestados, cuyo pago se habría destinado, realmente, a la cobertura de gastos vinculados a las campañas.
Entre las sociedades que aparecen en la documentación, están constructoras como Metrovacesa, Lubasa, Fomento Urbano de Castellón y Blauverd, la firma mixta de gestión de agua Egevasa y otras empresas de servicios. A cambio, esas compañías habrían logrado tratos de favor en concursos públicos.
En cuanto a la consultora Crespo Gomar -liquidada en 2014- fue adjudicataria de contratos de varios ministerios durante la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -entre ellos, Agricultura, Sanidad y Vivienda-, tanto directamente como a través de sociedades vinculadas, como Opino Media y Thinking Foward Spain, así como de los ayuntamientos de Benidorm y Gandía y de empresas públicas estatales y municipales.
Se da la circunstancia de que Lubasa es una de las nuevas constructoras procesadas por presunta financiación ilegal del PPCV que ha confesado este modus operandi, en un pacto con Fiscalía para evitar el ingreso en prisión de su entonces presidente. Las declaraciones ante el tribunal de los empresarios, de los cabecillas de la trama Gürtel y de Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV durante la época bajo investigación, pusieron el foco en el expresidente valenciano, Francisco Camps, como conocer e impulsor de esta operativa.
Denuncia en 2016
La investigación sobre las cuentas electorales de PSPV y el Bloc se abrió en 2016, tras una denuncia presentada por el PP, que aportó documentación que incluía emails entre responsables de PSPV y el Bloc y los directivos de Crespo Gomar. El presunto delito electoral habría prescrito, si bien no ocurre lo mismo con los de falsedad documental, prevaricación y malversación.
Tanto el PP como Podemos han anunciado su intención de personarse en las causas judiciales abiertas.
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