La crisis y los procesos de concentración en el sector financiero, que supusieron la desaparición de las grandes entidades de la Comunitat -la CAM, Bancaja y Banco de Valencia-, provocaron que muchos clientes del ámbito empresarial se encontrasen sin acceso a financiación. En ese contexto, entidades locales de menor tamaño, como Caixa Popular y Caja Rural Central, han mantenido crecimientos constantes de la inversión crediticia con empresas, incluso en los peores años de la crisis, lo que les ha permitido ganar cuota en este segmento de clientela y diversificar sus estructuras de balance y riesgos. (Más noticias, reportajes, análisis y entrevistas en la revista digital elEconomista Comunitat Valenciana).
Ambas cajas ofrecen una cartera de productos y servicios integral -con respaldo de las filiales del Grupo Caja Rural- y están realizando importantes esfuerzos desde el punto de vista de gestión, comercial y de recursos y herramientas a disposición de plantilla y clientes, que se acentuarán en 2018.
"El peso en la inversión crediticia total de las empresas ha pasado del 25 al 48 por ciento en los últimos ejercicios. El objetivo es mantener ese nivel de equilibrio con el negocio con particulares", detalla José Víctor Guillén, director general de Caja Rural Central. Para adaptarse a esta realidad, en 2017 la entidad definió dos áreas de negocio, una centrada en particulares y otra en empresas. A su vez, ésta cuenta con gestores especializados en tres segmentos: microempresas, pymes y corporativa.
"Se trata de dar un servicio integral y especializado, adaptado a las necesidades concretas de cada cliente, dado que los productos son cada vez más complejos. Actualmente, en el área de empresas hay más de 35 gestores, especializados bien por segmento de empresa bien por tipo de producto -por ejemplo, seguros-. El alto nivel exigido en el asesoramiento bancario requiere de profesionales cada vez más y mejor formados. Los resultados están siendo muy positivos, con crecimientos en la demanda de financiación y productos asociados -por ejemplo, leasing y seguros-, por encima de dos dígitos. No obstante, para nosotros es más importante cómo se hacen las operaciones que cuántas se hacen", señala.
La caja está inmersa en un plan de renovación de su red de sucursales -a un ritmo de entre seis y siete anuales-, "para convertirlas en centros de negocios, con un concepto más moderno y espacios adaptados a cada tipo de cliente, pero manteniendo un modelo de oficina universal", detalla. Caja Rural Central cerró 2017 con 74 oficinas, tras abrir una nueva, y prevé incorporar tres más durante este año.
Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular, indica que, en su caso, "por cada 100 euros de pasivo, hay 69 euros de inversión. El objetivo es llegar a entre 76 y 80 euros este año. Hay margen de crecimiento". Para lograrlo, la caja está desarrollando políticas activas de captación de clientes, con medidas que van desde duplicar el personal especializado asignado a labores comerciales con empresas, hasta la negociación de convenios con asociaciones empresariales, tanto de ámbito territorial como sectoriales, así como acuerdos con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
"La competencia en este ámbito es cada vez más fuerte y presiona sobre márgenes y rentabilidad. Pero, si algo hemos aprendido de la crisis, es que tenemos que ser muy rigurosos en el análisis de riesgos. Cada empresa y cada sector es diferente y requiere un estudio adaptado, pero todas tienen que cumplir con unos parámetros y ofrecer unas garantías", señala.
"En nuestro caso, ya teníamos unidad de banca de empresas y estamos reforzando el equipo, dotándole de más recursos y herramientas, y trabajando para ampliar y mejorar nuestra red en zonas donde hay más oportunidades de captación de negocio en este segmento -por ejemplo, localidades con potentes polígonos industriales-. En esta línea, en 2017 abrimos oficina en Ibi y, en el primer trimestre de 2018, lo haremos en Requena", señala Ortí.
Caixa Popular cerró 2017 con 70 oficinas, dos más que en 2016, y su plan de expansión contempla entre dos y tres nuevas cada año, "siempre que sea sostenible en función de la cuenta de explotación y de la rentabilidad", concluye.
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