La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reactiva su proyecto de puesta en marcha de un Observatorio de la Cooperación Público-Privada (CPP) en el que participen la Generalitat, administraciones públicas, empresas, sectores y asociaciones de consumidores. Tras fracasar en los intentos de constituirlo a través de las Consellerias de Economía y de Igualdad y Políticas Inclusivas (ambas lideradas por Compromís), la CEV se dirigirá ahora a Presidencia para exponerle esta propuesta, "donde creemos que hay más sensibilidad", detalló Salvador Navarro, presidente de la patronal.
Navarro destacó la importancia de las fórmulas de cooperación público-privada a la hora de abordar proyectos e inversiones clave para el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos, en un contexto de limitación de recursos financieros e infrainversión por parte del Estado. En esta línea, puso de relieve, una vez más, la necesidad de buscar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos, apostando por un sistema de CPP "con control, seguimiento, evaluación y transparencia".
Un enfoque que ha sido defendido -al menos, públicamente-, tanto por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como por los máximos responsables de la Conselleria de Hacienda, pero que chocado con la estrategia en otros departamentos, como Sanidad y Políticas Inclusivas.
El presidente de la CEV hizo referencia expresa al ámbito asistencial y sanitario, que ha sido objeto de alguna de las medidas políticas más polémicas en relación con la CPP, que están afectando directamente tanto al sector de residencias de personas dependientes y de la tercera edad, farmacias y gestores de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana bajo concesión (Sanitas y Ribera Salud).
En concreto, y respecto a la reversión de la concesión del Departamento de Salud de La Ribera (Hospital de Alzira) a gestión pública directa -fijada para el próximo 1 de abril- Navarro recordó que todos los informes y estadísticas oficiales avalan su buen funcionamiento y subrayó que al ciudadano lo que le preocupa es recibir el mejor servicio público, y no si es gestionado directamente o a través de una empresa en régimen de concesión.
La patronal trasladó este proyecto a una representación de diputados del PSPV en las Cortes Valencianas, encabezados por su síndic, Manolo Mata. Éste afirmó que su partido "no se cierra a este tipo de colaboración, pero sin cometer los disparates que se cometieron en el pasado". Respecto a la reacción de Presidencia a la propuesta de Observatorio, apuntó que "hace falta que el gobierno valenciano la entienda. Yo por mi parte voy a hacer algo para que salga adelante".
Los diputados socialistas y los ejecutivos de la CEV debatieron, durante su encuentro, sobre la situación de los distintos sectores industriales y de la agricultura valenciana, los retos de la economía de la región y los proyectos normativos que afectan a las empresas.
Negociación de los PGE
Navarro aprovechó la reunión para instar, una vez más, a los diputados valencianos en el Congreso de los Diputados a tener "altura de miras" y abrirse a negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a cambio de mejoras para la Comunitat en cuento a financiación e inversiones. "No es una cuestión mercantilista, sino para mejorar un problema grave de esta comunidad", subrayó.
Mata respondió que Navarro hace "política desde la no política" y condicionó un posible apoyo a los PGE a que "el Gobierno se comprometa a condonar la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación, a resolver la financiación y a que las inversiones per cápita en la Comunitat sean iguales a las del resto de comunidades autónomas", algo que no cree que se produzca, por "falta de voluntad".
El síndic del PSPV instó a la CEV a trasladar estos temas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando se celebre la reunión que han solicitado los empresarios valencianos, que aún no está fijada.
