La confesión del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de nueve de los diez empresarios juzgados por la presunta red de financiación ilegal al PP valenciano ha dejado pocas estrategias de defensa a la excúpula del partido durante el mandato de Francisco Camps. En la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, las defensas del exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, el exdiputado David Serra, y las exgerentes Yolanda García y Cristina Ibáñez, han alegado la prescripción de delitos, la irregularidad en las grabaciones que provocaron la investigación y la nulidad de los escritos de acusación, por generar indefensión.
Los exdirigentes del PP -para los que se piden entre seis años y medio y siete años y nueve meses de prisión- han insistido en que desconocen cómo se financiaron las campañas de 2007 y 2008, en las que, según la investigación, habría obtenido financiación irregular con operaciones en torno a la sociedad Orange Market. Se juzgan presuntos delitos electorales, fiscales y de falsificación de documentos.
Según la confesión por escrito de Correa, para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reducir su pena -se piden 24 años y medio de prisión para él y Pablo Crespo y 27 años para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'-, "el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en 'b' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente".
Unos hechos reconocidos por los empresarios, a cambio de sustituir penas de cárcel por multas -pacto que han pedido que la Fiscalía recoja expresamente-.
Los cabecillas de la trama Gürtel están en prisión cumpliendo condena por amañar los contratos públicos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009. También han pedido la nulidad del juicio por grabaciones ilegales, prescripción de delitos y deficiencias en los escritos de acusación de la Fiscalía.
