El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado la adhesión al convenio de colaboración entre el Estado y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) para poder disponer del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, criticó que esta adhesión se ha fijado como "condición sine qua non" para acceder al FLA, por lo que se rompe con la "voluntariedad" para aplicarlo por parte de las comunidades autónomas y se convierte en un "chantaje del Gobierno de España".
De hecho, la Generalitat presentó alegaciones en contra de este acuerdo -que, entre otros puntos, prima los medicamentos de marca frente a los genéricos, con un impacto en el coste de los mismos-, que el Gobierno desestimó.
Además, el Consell ha acordado realizar todas las gestiones necesarias para exigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública el ingreso inmediato de los casi 1.568 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2016, "que el ministerio ha retenido durante dos años".
"Es prioridad para la Generalitat que este importe se pueda avanzar, atendida la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación contraria para que el Ministerio de Hacienda la retenga hasta el próximo mes de julio", señalan fuentes de la Conselleria de Hacienda valenciana.
En esta línea, indican que "el objetivo es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat para este año -de 353 millones de euros-, decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa de un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en servicios básicos -sanidad, educación y protección social- y el resto de funciones encomendadas".
Primer semestre
La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.
En el acuerdo aprobado por el pleno del Consell se destaca que la financiación adicional para el ejercicio 2018, comunicada en julio por la Secretaría de Estado de Hacienda y Administración Pública, suponía una mejora de 84 millones respecto a la definitiva del ejercicio 2017.
Esta suma equivalía a un incremento de sólo el 0,83% respecto a 2017, frente al aumento del 3,98% de media que experimentaron el conjunto de autonomías.
Este importe, recalca el texto, "no parece vaya a ser definitivo, consecuencia del ritmo de crecimiento de la economía de la Comunitat Valenciana, que se prevé superior al de la media nacional.
De hecho, el consenso de mercado sitúa las estimaciones de crecimiento en el entorno del 2,8% del PIB". Y añade que esta circunstancia "determinará una ampliación de las entregas a cuenta o una liquidación positiva" en 2020, cuando se liquide el ejercicio.
Sin embargo, la mejora, "junto al previsible aumento del gasto del resto de CC AA para 2018, parece insuficiente para absorber la diferencia de gasto promedio entre la Comunitat Valenciana y el resto de Comunidades Autónomas".
La cantidad asignada a la Comunitat Valenciana, a pesar de ser considerada insuficiente, fue utilizada como base para la elaboración del presupuesto autonómico para el ejercicio 2018.
El nuevo importe de las entregas a cuenta comunicado el 2 de enero hace que la Comunitat vea reducidos los recursos disponibles en términos de caja para este ejercicio respecto a 2017.
Suficiencia y equidad
El texto aprobado por el Gobierno valenciano recuerda que, el pasado 20 de octubre, el Consell acordó incorporar en el estado de ingresos del Presupuesto de la Generalitat para 2018 una partida específica y diferenciada por importe de 1.325 millones, al objeto de dar cumplimiento a los principios de suficiencia y equidad previstos en la ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
En este acuerdo de octubre se advertía de que, por segundo año consecutivo, la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 2018 estaba condicionada por dos circunstancias de relevancia.
En concreto, la "incertidumbre" que genera que por la Administración general del Estado no se hubiera aprobado en plazo la ley de Presupuestos Generales del Estado y la situación de infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana.
En cuanto al segundo punto, se lamentaba el que el Gobierno no hubiera puesto en marcha la negociación de un nuevo modelo de financiación para cumplir con el compromiso del presidente del Ejecutivo de que habría un nuevo modelo acordado antes de finalizar 2017.
Ambas circunstancias "hacen muy improbable que la Comunitat Valenciansa disponga de los recursos adicionales necesarios para desarrollar sus competencias en condiciones de equidad y genera la imposibilidad de elaborar el presupuesto de la Generalitat Valenciana en un entorno de certeza y suficiencia de recursos".
Y ello pese a que, como se ha acreditado en diferentes informes emitidos por instituciones públicas y privadas, y más recientemente por la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, para alcanzar el gasto promedio por habitante de las autonomías, la Comunitat Valenciana necesitaría disponer de ingresos adicionales.
Al mismo tiempo, los informes técnicos han acreditado que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es generado por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye.
"El compromiso del Consell con sus ciudadanos y con respecto a la prestación de los servicios públicos fundamentales y el resto de competencias que tiene atribuidas no puede quedar condicionado de forma irreversible por ninguna de las citadas circunstancias", de ahí que se incluyera la citada partida de 1.325 millones con el objetivo de "asegurar que los niveles de prestación de servicios en nuestra Comunitat no difieren de forma relevante del resto de comunidades autónomas: Servicios públicos como la educación, sanidad o dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan objetivos/obligaciones irrenunciables para cualquier Gobierno que quiera considerarse social y democrático".
Políticas sectoriales
A todo lo anterior, "hay que añadir que existen determinadas políticas sectoriales que es necesario desarrollar pese a no disponer de la financiación necesaria", al no haberse puesto en marcha por parte del Estado los sistemas de financiación ágiles y adecuados para garantizar la cobertura.
Esto origina que las competencias atribuidas tengan que ser desarrolladas con una menor dotación de medios, como consecuencia de la insuficiencia crónica de financiación asignada por el modelo.
Como ejemplo, se cita la financiación del Sistema de Dependencia, cuyos convenios entre el Estado y las autonomías para la atribución de fondos llevan suspendidos desde el año 2012 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En una situación similar se encuentra la prestación de asistencia sanitaria a la población que se desplaza a la Comunitat Valenciana con carácter temporal.
Pese a estas circunstancias, y al hecho de que se ha incumplido el compromiso del presidente del Gobierno para disponer de una nueva financiación en 2018, el Ministerio de Hacienda ha reducido ahora los importes comunicados como entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de 2018.
