El director del Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha sido citado como investigado para informar al juez sobre el sistema implantado por el anterior Consell para la prestación del servicio de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, consistente en la contratación mensual de una asistencia técnica realizada por cuatro técnicos informáticos y una administrativa. La Sindicatura de Comptes cuestionó este sistema en su informe de 2015, al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos, por lo que el IVF procedió a su regularización con la adjudicación del servicio, a principios de junio, por un periodo de dos años, tras un procedimiento público con difusión a nivel europeo.
En base al informe de la Sindicatura, se abrieron diligencias judiciales para aclarar esta práctica, motivo por el que ha citado como investigados tanto al actual responsable del IVF como su predecesora, Mariona Roger.
La prestación de este servicio a través de asistencias técnicas mensuales fue instaurada por el anterior Ejecutivo al menos desde 2013, cuando la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica era un ente independiente. Tras su liquidación e integración en el IVF, en enero de 2014, se mantuvo esta práctica, a pesar de los reparos de la Sindicatura de Comptes.
El actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explica que se encontró con esta situación heredada al tomar las riendas del IVF, en julio de 2015. En noviembre, y tras mantener distintas reuniones con el personal de la Sindicatura de Cuentas, el Instituto decide prescindir de la persona responsable de la contratación en la Agencia de Certificación, se informa al Consejo General de la Entidad y se inicia el procedimiento administrativo pertinente para subsanar la situación. Tras la tramitación y culminación de los diferentes procedimientos, que incluyen la elaboración de la memoria justificativa para la contratación del servicio con fecha de 17 de mayo de 2016, el IVF publicó el 14 de febrero pasado los pliegos de condiciones particulares para la licitación de un concurso público abierto que ya está resuelto.
Una sola oferta
La licitación, de difusión a nivel europeo, se publicó en el Diario Oficial de la UE el 1 de abril pasado y figuraba además en el Perfil del Contratante del instituto y en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo una empresa -la anterior adjudicataria- presentó oferta, dada la especificidad del servicio, que hace difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos. Finalmente, a principios de junio, el IVF adjudicó a esta firma el servicio de asistencia técnica a la Plataforma de Certificación Electrónica por un periodo de un año, prorrogable otro más, por importe anual de 250.000 euros (más IVA).
El IVF afirma que el retraso en la regularización se debe a la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio "imprescindible" en el ámbito de la Generalitat, sus entidades autónomas, entidades de derecho público y empresas públicas dependientes.
Al respecto, detalla que "hay más de 150.000 tarjetas y más de 600.000 certificados digitales activos, y el uso de éstos abarca todos los ámbitos de la Administración, incluidos servicios sanitarios, educativos, sociales o judiciales. La interrupción del servicio habría ocasionado un grave perjuicio a los usuarios de este servicio".
A modo de ejemplo, miles de responsables sanitarios utilizan tarjetas criptográficas para acceder a los historiales clínicos con garantías de seguridad. Asimismo el sistema da soporte a las sedes electrónicas tanto de la Generalitat como de las diputaciones y ayuntamientos. La certificación electrónica es empleada también por miles de empresas y ciudadanos en transacciones y trámites. Hay que tener en cuenta que se trata de un servicio muy especializado, cuyas funciones están dotadas de una gran especificidad, siendo difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos para prestar el servicio.
Colaboración total
Desde el IVF se ha mostrado la total predisposición para colaborar e informar al juzgado sobre este sistema implantando por el anterior Consell de contrataciones mensuales. En concreto, en sus auditorías de 2014 y 2015 el Síndic cuestionó este sistema, ya que conllevaba que cada mes se tramitaba una asistencia técnica para la prestación del servicio de la Agencia de Certificación Electrónica. Estos expedientes mensuales cubrían la contratación de los mismos cuatro técnicos y una administrativa que, en el seno del IVF aunque ajenos a las funciones inherentes al Instituto Valenciano de Finanzas, desarrollaban el servicio de certificación electrónica.
Situación corregida
Con fecha 12 de noviembre de 2015, la Agencia de Certificación Electrónica del IVF elabora un borrador de pliego de condiciones técnicas. El 22 de diciembre de 2015, el director Manuel Illueca, a propuesta de la responsable de la gestión económica del IVF, autoriza el "inicio del procedimiento para la contratación del servicio de desarrollo y explotación de la plataforma de certificación electrónica del IVF". En el documento se insta a la realización de un "concurso abierto, procedimiento abierto" para la contratación de estos servicios.
Con fecha de 17 de mayo de 2016, se emitió la Memoria Justificativa, que es el documento que a efectos internos inicia la contratación de estos servicios y con el que arrancan formalmente los trabajos previos que integran el expediente de contratación y que se han desarrollado a lo largo de varios meses. La tramitación desemboca finalmente en la publicación, el 14 de febrero pasado, de los pliegos de condiciones particulares y, posteriormente, en la certificación de la existencia de crédito y en la resolución de inicio del expediente, firmada por el director general.
El procedimiento ha gozado de la máxima publicidad al tratarse de un contrato SARA (Sujeto a Regulación Armonizada), lo que, entre otras medidas derivadas de una directiva europea, ha conllevado la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de garantizar una verdadera competencia de mercado. De este modo, la licitación ha contado con la máxima transparencia y publicidad.
