El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha incluido en la subasta de acciones del Hércules C.F. tanto el 72,71% que controlaba por los derechos de crédito de los 18 millones de euros de deuda impagada de la Fundación Hércules, como el 15,07% de las acciones del club que se adjudicó en la subasta de febrero junto al estadio Rico Pérez, que eran propiedad de Aligestión Integral -por 3,75 millones de euros-. Ese 87,76% de los títulos se venderá como un único paquete, con un precio mínimo de salida de 597.819,46 euros, basado en la valoración de la consultora OnetoOne Corporate Finance.
Los empresarios Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules, y Enrique Ortiz, son los principales interesados en hacerse con este paquete de control.
El Consejo General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha definido que los potenciales compradores dispondrán de un plazo de 15 días desde la publicación del anuncio de subasta para presentar propuestas y que, para ello, deberán hacer un depósito del 5% de la puja mínima -equivalente a 29.890,98 euros-. Las pujas deberán presentarse en sobre cerrado y por registro de entrada.
La apertura de plicas o sobres será pública y en la misma se determinará el mejor postor y, por tanto, el adjudicatario del lote formado por el crédito y las acciones.
Manuel Illueca, director del IVF, ha señalado que "nuestro deber es recuperar el máximo posible de los fondos públicos que el anterior Consell enterró en el Hércules CF. Esto es lo que nos llevó a participar en la subasta de los bienes de Aligestión, tras la que resultamos adjudicatarios del estadio Rico Pérez y del 15% de las acciones que ahora sacamos a subasta, junto con el crédito que ya teníamos frente a la Fundación del Hércules por haber pagado el aval que se prestó hace años. El objetivo del Instituto Valenciano de Finanzas es velar por los intereses de los valencianos, así como propiciar la mejor solución para los aficionados del Hércules de Alicante".
Deuda con Hacienda
Ramírez condiciona la continuidad del club a un acuerdo con la Agencia Tributaria sobre la deuda de la entidad, que ronda los 4,3 millones. Plantea pagar dos millones y el resto, avalarlo con garantías hipotecarias. Si no, la sociedad iría a liquidación.
A esa cantidad habría que añadir en torno a 9 millones de euros de deuda con acreedores ordinarios.
