La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado ante el Defensor del Pueblo la solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunitat Valenciana sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, por excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos. Una medida que ha apoyado también el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).
La alianza considera que esta norma "vulnera la legislación básica estatal en materia de contratos y concesiones administrativas, y sectorial sobre la concertación de los servicios sanitarios" y "la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las bases y coordinación de la sanidad", así como "el derecho de igualdad de trato y de no discriminación". Por todo ello, solicita la suspensión cautelar de su aplicación.
ASPE -que agrupa a 600 entidades sanitarias y representa a más del 75 por ciento de los centros hospitalarios privados de España- exige que los contratos públicos se adjudiquen teniendo en cuenta "criterios de capacidad del empresario para realizar las prestaciones". La Generalitat Valenciana ha anunciado la supresión de conciertos de hospitales, resonancias y ha sacado a concurso el que tenía con el Instituto Valenciano de Oncología.
La asociación cree que "la sanidad privada se está viendo atacada" y pide la intervención de la defensora, Soledad Becerril, "ante la posibilidad de que esta flagrante injusticia siga extendiéndose". En esta línea, dice que ya ocurre en Aragón y podría llegar a Cataluña.
Por su parte, IDIS subraya que los modelos de cooperación público-privada -conciertos, concesiones o mutualismo- son esenciales "para el mantenimiento de una sanidad universal y un sistema sostenible". La sanidad da empleo a más de 252.000 profesionales y representa el 3,5 por ciento del PIB.
