Comunidad Valenciana

Gerardo Camps considera "un monumento a la falsedad" los 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa

El exconseller de Economía y Hacienda y exvicepresidente económico de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps ha asegurado que si hubiera conocido "el pago de comisión alguna en cualquier ámbito de la administración" hubiera tardado "menos de cinco minutos en ir al juzgado de guardia a denunciarlo".

Así se ha pronunciado Gerardo Camps durante su intervención este lunes en la comisión que investiga los sobrecostes en la empresa pública Ciegsa, en la que preguntado por las conversaciones en las que se le relaciona con el supuesto cobro de comisiones, ha afirmado que esas manifestaciones entre "determinados señores" las conocen un fiscal y un juez instructor y "no parece que sean muy fundamentadas", como lo demuestra el hecho de que no ha recibido ninguna notificación de ningún organismo judicial. "No he tenido condición de imputado nunca", ha agregado.

También ha negado que tuviera conocimiento de la existencia de presuntos trabajadores 'zombies' y ha resaltado de manera insistente que no encuentra "por ningún sitio" los 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de centros escolares a los que se alude, criticando que para llegar a esa cifra se extrapola un porcentaje que aparece en el Informe de Auditoría sobre Ciegsa, que los propios técnicos advierten que no se puede extrapolar.

Critica que a esa cifra se suman, hasta llegar a los 1.000 millones, gastos generales y financieros que hubieran seguido estando ahí si las obras las hubiera ejecutado directamente la Conselleria. Con todo ello, ha dicho, "se construye una auténtica falsedad, un monumento a la falsedad".

Además, ha incidido en que el propio informe explicita que la desviación de precio fue de un total de 303 millones en el conjunto de obras, el 19% de media, que está por debajo del 20% a partir del cual se alterarían las condiciones generales de contratación.

Un sobrecoste no es corrupción

Gerardo Camps ha centrado buena parte de su comparecencia -que en un momento dado, se ha tensado y cuya presidenta, Marian Campello (Compromís), ha abandonado la sala al considerar que era "insoportable" el ambiente- en explicar a los grupos los denominados sobrecostes en la construcción de centros, que ha preferido denominar técnicamente desviación de precio, y que aglutinan revisiones de precio, modificaciones en los proyectos y proyectos complementarios, regulados todos ellos por ley.

"Un sobrecoste no es un ilícito", ha aclarado, ya que "si una desviación de precio es corrupción, todos los gobiernos en cualquier comunidad, en España y en el mundo habrían sido corruptos".

Ha explicado que la ley de economía sostenible de 2003 recogía un máximo de desviación normal del 10% en cualquier proyecto y, en el caso de Ciegsa, el informe explica que estaría en vigor la legislación anterior, con lo cual el tope para considerar que se podrían vulnerar las condiciones esenciales de contratación es el 20%.

Tras mostrar sus "sospechas" sobre determinados contenidos del informe, con cuadros económicos en los que "faltan años", ha indicado que en el conjunto de las actuaciones la desviación media fue del 19% y un total de 303 millones de euros, pero la Conselleria de Hacienda dirigida por Vicent Soler toma el porcentaje del 36% (la diferencia en el precio del metro cuadrado de las obras realizadas por Ciegsa respecto a si las hubiera hecho directamente la Generalitat) y lo extrapola, pese a que los técnicos advierten que no puede hacerse.

Los 1.000 millones, "no están"

De ahí, ha indicado, salen 540 millones de euros a los que suman los gastos generales de Ciegsa, "como si fueran gastos que su hubieran podido no producir", y 393 millones de gastos financieros, que también habrían sido necesarios en caso de que las obras las hubiera realizado la conselleria competente.

Ha indicado que no encuentra "por ningún sitio" en el informe los 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de centros escolares a los que se alude y ha agregado: "La media verdad es la peor de las mentiras".

Según ha dicho el exconseller, las obras se tenían que financiar con cargo a la deuda y "endeudamiento no es algo que denota una mala gestión" ni denota irregularidades, poniendo como ejemplo que la deuda de la Generalitat creció en cuatro años de gestión del PP "lo mismo que en seis trimestres" de PSPV y Compromís.

Ha negado que Ciegsa fuera utilizada para "centrifugar deuda", porque su deuda computaba en las cuentas consolidadas de la Generalitat igualmente, y ha indicado que "imaginar una Ciegsa sin sobrecostes no la imaginan ni ustedes", ha dicho a los diputados poniendo en valor las más de 870 actuaciones realizadas por esta.

También ha dicho que Soler calificó de "estafa" en su día la situación generada en Ciegsa y dijo que se trasladaría a Fiscalía, pero "del 22 de enero al día de hoy la fiscalía no ha entendido que hubiera ningún tipo de responsabilidad penal".

No conocía las licitaciones

Respecto a las grabaciones en el caso Imelsa que le señalan en el marco del cobro de comisiones, ha indicado que en democracia es quien acusa quien debe probar los hechos y, "si alguien cometió alguna irregularidad que pueda tener relevancia de carácter penal dentro de cualquier empresa pública, tiene que ser investigado y castigado", ha remarcado, para agregar que él no conoció nunca ninguna y no estaba como conseller al tanto de las licitaciones. Además, ha asegurado que nadie de su familia ni del partido le ha llamado nunca Gero, nombre que aparece en las conversaciones.

Cuando la diputada de Compromís Belén Bachero le ha recordado las noticias en las que se alude a sus gastos como conseller, ha indicado que "cuando no le valen los informes tira de prensa" y esos gastos se le imputaron para desacreditarle en su momento y ya tuvo ocasión de negarlos, demandando también al socialista José Muñoz y a la vicepresidenta, Mónica Oltra.

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