La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se ha convertido en la nueva patronal autonómica de la Comunitat Valenciana, relevando a Cierval -que ha solicitado la liquidación-, con el respaldo del 82% de sus compromisarios, en la que ha sido una de las asambleas con más participación de su historia. El presidente de la hasta ahora patronal provincial, Salvador Navarro, destacó que el gran apoyo que ha suscitado el nuevo proyecto de organización empresarial autonómica, que se ha plasmado, también, en un aumento del compromiso económico de los socios de la CEV: la cuota anual de los vocales de asociaciones y federaciones sectoriales se duplica, pasando de 652 euros a 1.304 euros este ejercicio. "Si queremos una patronal, la tenemos que pagar", indicó Navarro.
En el caso de las empresas directamente asociadas, la cuota se mantiene en los niveles actuales -algo más de 3.000 euros al año-. El objetivo en el nuevo plan estratégico de la CEV contempla que estas empresas pueden suponer hasta un 30% del total de la asamblea.
La nueva organización apuesta por mantener la presencia actual de la Comunitat en la patronal nacional, la CEOE, donde Cierval tiene diez vocales y la CEV, siete. Navarro ha explicado que se mantendrán las 17 vocalías -con una cuota de unos 9.000 euros por cada una-. En cuanto al vocal de Coepa, apuntó que será la patronal alicantina la que tendrá que decidir si lo conserva o no.
Asimismo, la Asamblea ha aprobado, con 325 votos a favor y 1 en contra, el avance del presupuesto para el ejercicio en curso y, por unanimidad, el avance de la liquidación de 2016.
La organización cerró el pasado ejercicio con pérdidas de 5.682 euros, debido al desvío en las previsiones de ingresos, que alcanzaron 1,652 millones, un 6,82% menos de lo presupuestado, que fue 1,773 millones. La entidad redujo un 2,37 por ciento los ingresos por cuotas de asociados, un 4,83% los procedentes de otros organismos y un 11,42% los de convenios con la Administración -que se situaron en 780.098 euros-.
En cuanto a los gastos, destacó el incremento, del 190,91% en las provisiones, hasta 95.999 euros, "ya que se han dotado la totalidad de provisiones por insolvencias derivadas de responsabilidades en Cierval", ante su inminente liquidación, según Navarro.
Un 35% de ingresos públicos
Para el presente ejercicio, el presupuesto de la CEV asciende a 1,692 millones de euros. La organización destaca el incremento de los ingresos por actividad propia, del 26,22%, hasta 1,094 millones de euros, de los que 967.817 euros corresponden a cuotas de asociados y afiliados, con un alza esperada del 34,27%. En línea con su objetivo de reducir la dependencia de fondos públicos, los ingresos derivados de convenios con la Administración serán de 597.872 euros, un 26,36% menos -a pesar de que la patronal autonómica podría optar a un total de 2,6 millones de euros-.
Los gastos por actividades propias y cuotas de organizaciones empresariales crecerán un 90,17%, hasta 177.300 euros, por la asunción de las vocalías de Cierval en la CEOE, mientras que las provisiones se recortarán un 68,75%, hasta 30.000 euros.
Apoyo autonómico y nacional
En la Asamblea han participado cuatro vicepresidentes de la patronal nacional, la CEOE, José Vicente González, Antonio Garamendi, Joaquín Gay de Montellà y Juan Pablo Lázaro, y destacados líderes empresariales, como los presidentes del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el presidente de la gestora de la Confederación de Castellón, CEC, Néstor Pascual. Su homólogo en la patronal alicantina, Coepa, no acudió a la asamblea y convocó un evento paralelo, en el que criticó la conversión de la CEV en patronal autonómica.
Salvador Navarro detalló ante los asistentes las líneas principales de la nueva patronal, que les habían sido remitidos por escrito previamente a la celebración de la asamblea. La confederación valenciana pone sobre la mesa una reforma en profundidad, que parte de la total refundación de los principios y sistemas de gobierno y gestión, para configurar un proyecto "sólido, viable e integrador", rompiendo con las ineficencias que han llevado al colapso al modelo actual: la dependencia de fondos públicos y las irregularidades en su gestión -investigadas judicialmente en Alicante y Castellón-; el excesivo personalismo y rivalidad interna entre las organizaciones provinciales -representantes, en exclusiva, de los intereses de empresas y sectores asociados-, y la ausencia de instrumentos de control y buen gobierno capaces de detectar los problemas y actuar en consecuencia.
Frente a ello, Navarro apuesta por replicar en la nueva patronal los principios de gestión que han regido en los últimos años en la CEV, gracias a los cuales es, hoy en día, la única de las organizaciones provinciales solvente y saneada. En esta línea, plantea la representación directa de empresas y sectores, la independencia económica respecto a los fondos públicos, la configuración de sistemas internos de control y la aplicación de los principios de buen gobierno como pilares sobre los que se construirá la nueva patronal. La mayor parte de la estructura de carácter técnico y administrativo se concentrará en la organización autonómica, de modo que las estructuras provinciales "serán mínimas, evitando duplicidades y costes inasumibles", indica Navarro.
"Una organización que tiene como fin defender los intereses empresariales, no puede depender de fondos públicos", defiende Navarro, que cree que tienen que ser las aportaciones de la base asociativa las que hagan sostenible y viable la organización. En este sentido, se contempla la expulsión de los socios que incumplan los pagos.
Representación directa
Actualmente, la asamblea de Cierval se reparte entre la CEV, con un 42 por ciento; Coepa, un 32 por ciento, y la CEC, con un 26 por ciento. El nuevo modelo plantea una representación directa de sectores empresariales y empresas de las tres provincias y en el que ningún miembro de la organización podrá concentrar más del 30 por ciento de la misma. En concreto, las asociaciones sectoriales, comarcales y colegios tendrán en torno al 70 por ciento de la asamblea, mientras que las empresas directamente asociadas no superarán el 30 por ciento.
El principio a aplicar en la toma de decisiones será de una cuota, un voto.
Se convocarán elecciones para elegir al presidente de la patronal autonómica, una vez los estatutos de la nueva organización estén cerrados. Se limitan los mandatos a un máximo de dos, de cuatro años de vigencia cada uno.
Consejos provinciales
El proyecto de nueva patronal autonómica no atribuye a Coepa y CEC el papel de representantes empresariales provinciales. En cada una de las tres provincias, se constituirá un consejo empresarial, que dará cobertura a las cuestiones específicas de cada territorio y actuará como representante e interlocutor. Su composición y presidencia será votada, directamente, por los empresarios de esa zona.
En el caso de Coepa, sus responsables han apuntado su intención de mantener su estructura y operativa propia como patronal de la provincia de Alicante, una vez ha superado el concurso de acreedores, mientras que, en el de la CEC, la situación es más compleja y dependerá de la evolución y resultado de los procesos judiciales por presunto fraude en subvenciones públicas.
Los consejos provinciales no efectuarán aportación económica y, al no tener cuotas, no tendrán voto en la asamblea. No obstante, sí compartirán peso con los sectores en el consejo de la patronal: de las seis vicepresidencias, tres las ocuparán sectores -previsiblemente, metal, cerámica y turismo, por su peso en cada provincia- y las otras tres, los consejos provinciales.
Las reuniones del comité ejecutivo y la junta directiva se harán de forma itinerante. Además, se crearán comisiones de trabajo y comisiones asesoras en materias de interés económico o social, cuyas reuniones serán convocadas en las localizaciones que se estime conveniente.
Código de buen gobierno
La patronal contará con un código ético y de buenas prácticas, bajo control de una comisión asesorada por la Fundación Étnor, especializada en estas materias. En el caso de incumplimientos, la comisión de buen gobierno evaluará la situación y propondrá a los órganos de gobierno las medidas a adoptar. Entre ellas, está la expulsión del socio infractor.
