El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, se ha mostrado tajante respecto al debate sobre los "privilegios" fiscales que Madrid aplica a empresas y grandes fortunas, en comparación con otras regiones españolas. Soler afirmó, durante su ponencia en el 'Forum Europa, Tribuna Mediterránea', que "Madrid hace dumping fiscal", además de haber conseguido inversiones e infraestructuras que fomentan "un efecto de centralidad artificial", todo ello gracias a "decisiones políticas pagadas por todos los españoles".
Para Soler, ese marco atrae a las grandes fortunas y las grandes empresas, muchas de las cuales tienen su sede social en Madrid, aunque su producción esté en otras regiones -como, por ejemplo, Ford España, que fabrica en Almussafes-, "lo que genera una base imponible muy superior y una recaudación muy importante".
Ante la insuficiencia de ingresos y la desigualdad en la redistribución que sufren gran parte de las comunidades autónomas de régimen común, Soler insistió en la urgencia de la reforma del sistema de financiación. "No podemos estar dependiendo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un préstamo que depende de la voluntad del ministro de Hacienda. Las regiones necesitan saber cuáles van a ser sus ingresos para poder planificar. Sin autonomía financiera no puede haber autonomía política y el FLA es el mayor erosionador de la autonomía financiera", denunció.
"Los gobiernos autonómicos nos vemos obligados a echar mano del FLA para poder atender pagos, pero esa no es una forma de funcionar y de gobernar en una sociedad civilizada", destacó.
Romper el 'statu quo'
El conseller de Hacienda ha planteado la necesidad de que el nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar este año, "rompa el 'statu quo' vigente, porque es la única manera de garantizar que no se cierre en falso y consolidar un sistema estable y justo para el futuro". Asimismo, pidió que se base en "datos objetivos" y en la "distribución real de competencias" entre Administraciones. "Es importante alimentar el rigor y el trabajo bien hecho, porque las cifras son de una evidencia tan grande que no se pueden contradecir. Si se parte de esa posición, todas las comunidades autónomas ganarán", afirmó.
En este sentido, recordó que las comunidades autónomas se hacen cargo de la cobertura de los servicios básicos de sanidad, educación y protección social-, "que son los que más impacto tienen sobre la vida cotidiana de la gente". "El Ministerio de Hacienda se ha convertido en juez y parte en materia de financiación, con decisiones siempre a favor del Gobierno central, sin tener en cuenta que tres de los cuatro pilares básicos del estado del bienestar son competencia de las autonomías. Dar cobertura a esas competencias es un mandato constitucional y debe contarse con recursos suficientes para cumplirlo", subrayó.
Pero, además, destacó que las regiones necesitan "disponer también de recursos para impulsar la economía productiva, el empleo, y la productividad, porque todo ello es lo que nos llevará a la creación de riqueza que permita sostener en el futuro nuestro sistema de servicios públicos fundamentales".
Soler se mostró satisfecho del papel de la Comunitat Valenciana como impulsor de la reforma del modelo de financiación. "Tanto el Consell, como los expertos, el IVIE, los empresarios, los sindicatos y, en general, la sociedad civil valenciana, hemos hecho un esfuerzo por llevar este tema a debate y situarlo como una prioridad en la agenda del Gobierno central. Hemos situado el asunto en la Conferencia de Presidentes y logrado, por primera vez, fijar una fecha en el calendario para empezar a trabajar en el tema", ha señalado.
"No queremos parches, necesitamos un sistema de financiación nuevo que redistribuya el reparto de recursos desde la base", afirmó.
Deuda "inconstitucional"
En cuanto al problema de la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana -la primera de España en cuanto a peso sobre el PIB-, el conseller apuntó que, "de la deuda que se puede haberse generado por la mala gestión y por el despilfarro de anteriores Gobiernos de la Comunitat Valenciana, elegidos por sus ciudadanos, estamos dispuestos a hacernos cargo, porque es nuestra obligación, pero de la originada por las perversiones del sistema de financiación, ni hablar. Eso sería injusto, ilegal e inconstitucional".
El conseller explicó que se está trabajando en la contabilización de esta parte de la deuda derivada de la infrafinanciación. "Tenemos que hace números", concluyó.