Comunidad Valenciana

La insuficiencia de recursos para servicios básicos en las autonomías ronda los 16.700 millones, según IVIE

Las comunidades autónomas de régimen común registraron, en el ejercicio 2014, una insuficiencia de recursos de 16.674 millones de euros en la financiación de los servicios públicos fundamentales -educación, sanidad y protección social-. En concreto, los recursos ofrecidos por el sistema de financiación autonómica a estas regiones para este fin ascendieron a 82.296 millones -incluyendo las aportaciones de los fondos del modelo y las transferencias de carácter finalista que realiza el Estado-, mientras que el volumen de gasto efectivo en esos servicios alcanzó 98.970 millones, según el informe Suficiencia financiera de las CCAA y Estado del Bienestar, elaborado por Francisco Pérez, director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y representante de la Generalitat Valenciana en la comisión técnica para el cambio del actual sistema.

Pérez destacó, en el seminario 'Financiación Autonómica, Estabilidad Presupuestaria y Bienestar', inaugurado por Ximo Puig y que contó con expertos de Galicia, Castilla y León y Andalucía y el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que "las diferencias de gasto en servicios fundamentales de estas comunidades con las forales y los países europeos son sustanciales y se han agudizado con el actual sistema de financiación, vigente desde 2009".

El estudio apunta a que, para para igualar el porcentaje de PIB que se destina a servicios fundamentales en la zona euro la financiación de las autonomías de régimen común tendría que subir en 40.000 millones, mientras que para alcanzar a las comunidades forales se necesitarían 48.962 millones más.

Insuficiencia de ingresos

Pérez indica que "el gasto de las comunidades en servicios fundamentales ha sido procíclico e inestable, mientras que el de las administraciones centrales ha crecido tanto en la expansión como durante las recesiones". Como consecuencia, el gasto en las comunidades de régimen común ha retrocedido: el gasto real en salud por ciudadano era en 2014 un 2 por ciento menor al de 2007 y el de educación y protección social, un 7,5 por ciento menor.

Pérez advirtió de que esto es debido a que,"en la corrección de los desequilibrios financieros públicos se ha optado, sobre todo, por ajustes de gasto pero, en comparación con lo que sucede en otros países, existe un margen amplio de mejora en ingresos, a través de una reforma fiscal en profundidad".

Además, critica que "el modelo de financiación genera una irregularidad en ingresos de las regiones indeseable para financiar gastos que, por su naturaleza, deberían ser estables".

Por su parte, José Luis Escrivá destacó que es necesario combinar "la reforma del sistema de financiación autonómica con la de otras Administraciones, mejorar las reglas fiscales y eliminar, progresivamente, mecanismos de financiación extraordinaria", así como lograr "la reincorporación de las comunidades autónomas al mercado de deuda".

El experto aboga por "trasladar a instancias técnicas neutrales la responsabilidad de parámetros como los de distribución territorial de necesidades de gasto".

Premisas para el nuevo modelo

El informe elaborado por el IVIE enuncia cinco premisas que deberían tenerse presentes al diseñar el nuevo modelo de financiación de las comunidades:

"1. Resulta necesario contemplar como dos caras de una misma moneda el sistema de financiación y los objetivos que España aspira a alcanzar a medio y largo plazo en materia de bienestar. Sin estabilidad y viabilidad financiera en las comunidades no podrá haberla en las prestaciones del Estado de bienestar.

2. Si bien la estabilidad en las prestaciones de los SPF no puede estar completamente garantizada porque existen incertidumbres inevitables, hay que favorecerla con una adecuada combinación de suficiencia de recursos, previsión financiera y reglas de gasto que respondan a las prioridades de esos servicios y sean viables a medio plazo.

3. Los niveles actuales de gasto en SPF de las comunidades de régimen común no pueden ser considerados excesivos: hacerlo implica ignorar los ajustes realizados, el gasto por unidad de necesidad sustancialmente menor que el de las comunidades forales y el mayor esfuerzo que en esas funciones realizan los países de nuestro entorno.

4. Si, pese a esos menores gastos, las comunidades padecen insuficiencia financiera y tienen déficits, la causa de los mismos son unos ingresos insuficientes.

5. En la corrección de los desequilibrios financieros públicos en estos años se ha optado sobre todo por los ajustes de gasto pero, en comparación con lo que sucede en otros países, existe un margen amplio de mejora en el lado de los ingresos, a través de una reforma fiscal en profundidad".

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