El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha negado hoy haber promovido la contratación de personal en Ciegsa que realmente no acudía su puesto de trabajo (conocidos en la causa como "zombies") entre 2004 y 2005. Rus, que declaró ante el juez que instruye el 'Caso Imelsa', afirmó que él logró reducir el gasto en personal en 90 millones de euros en los ocho años (2007 a 2015) en que estuvo al frente de la corporación provincial y ha negado haber promovido contrataciones en la empresa pública de construcción de colegios.
Estas contrataciones, según sospechan los investigadores, habrían sido consumadas por el exconsejero delegado de Ciegsa y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla (que también fue responsable de finanzas del PP de la provincia de Valencia y vicepresidente de la Diputación), por indicación de Rus, entonces presidente provincial del PP.
Las contrataciones, al parecer, se habrían realizado sin atender a los requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad esa contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos para la empresa.
Rus, Caturla y otras cinco personas están siendo investigadas en el marco de esta causa, abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Caturla también ha sido citado a declarar hoy como investigado en esta misma causa, una de las piezas separadas (la F) del conocido como caso Imelsa, en el que se investigan delitos de blanqueo, electoral y el cobro de comisiones desde diferentes administraciones controladas por el PP.
En el sumario del caso Imelsa consta un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que dejan constancia de que la firma pública Ciegsa, dedicada a la construcción de centros escolares, fue objeto de luchas internas en el seno del PP por hacerse con el reparto de comisiones.
El grupo especializado en delitos contra la administración de la Guardia Civil considera que hay indicios de la posible existencia de una estrategia de financiación autonómica del PP arraigada en Ciegsa, una conclusión que extrae básicamente de las conversaciones telefónicas entre el entonces gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent y el consejero delegado de Ciegsa entre 2003 y 2007, Máximo Caturla.
