Feria Valencia encara con optimismo el 2017, año en que celebra su centenario y un ejercicio clave para su futuro, en el que se abordará su transformación societaria y estructural y abrirá la puerta a un socio privado especializado, que tome las riendas de su gestión. La institución "ha dejado de ser un problema" -en palabras de su presidente, José Vicente González, presidente también de la patronal autonómica, Cierval- y cierra, con 2016, un ciclo protagonizado por las caídas en actividad, las deudas, las pérdidas, y los desaciertos en estrategia y en gestión. (Para leer este análisis completo, así como otros reportajes, noticias y entrevistas puede acceder en este link a la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
Feria Valencia volverá este ejercicio a resultados operativos positivos por primera vez desde el inicio de la crisis -de 800.000 euros- y el plan de negocio aprobado por el patronato contempla crecimientos anuales de al menos el 6 por ciento para los próximos 5 años. Además, ha dado carpetazo a uno de sus episodios más oscuros de su historia, la investigación por presunta corrupción en los contratos de la ampliación y el uso de tarjetas opacas por parte de sus responsables, al no ver la Fiscalía Anticorrupción "indicios de delito". "Este cambio de contexto permite abordar la negociación con los potenciales socios desde una posición mucho más ventajosa para discutir", subraya González.
El escenario de crecimiento sostenido previsto en el plan de negocio es "el más moderado", sin contemplar la incorporación de nuevos eventos al calendario del recinto ni la entrada de un socio privado especializado, que se espera que tenga un impacto positivo tanto en actividad como en resultados.
Fuentes vinculadas a la entidad afirman que, en los últimos meses, se han recibido contactos de inversores interesados en participar en la nueva etapa del recinto ferial, a los que se ha invitado a participar en el proceso competitivo público que se abrirá con este fin, para garantizar la máxima concurrencia y transparencia. El plan inicial, aprobado en mayo, contempla que Generalitat y Ayuntamiento mantengan el 40 por ciento del capital de la institución -el 30 por ciento la Generalitat y el 10 por ciento el consistorio- y el 60 por ciento sea asumido por capital privado. A falta de definir las condiciones definitivas, se barajan dos opciones: dar entrada a dos socios, uno especializado en la actividad ferial, con proyección internacional, y otro en eventos y congresos, o a un único inversor con experiencia contrastada en los dos ámbitos.
Las fases del proceso
El nuevo marco interno facilita este camino, pero aún quedan por abordar varios trámites fundamentales para garantizar la viabilidad de la institución. El más importante, la asunción de la deuda, que supera los 510 millones de euros, por parte de la Generalitat Valenciana, que, de hecho, ya está afrontando los costes derivados de ella desde 2009, por su condición de avalista y ante la imposibilidad del recinto de hacerles frente. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -dependiente de la Conselleria de Hacienda- tiene ya preparado el borrador económico del decreto por el que la Generalitat asumirá la deuda derivada de las obras de ampliación del recinto, que tiene que pasar ahora los trámites jurídicos y, posteriormente, los que llevarán a su aprobación por el Pleno del Consell y a ser refrendado por las Cortes Valencianas. Además, esta operación cuenta con el respaldo de los acreedores de la entidad. De esta manera, la nueva sociedad se constituirá libre de estas cargas, para facilitar la entrada de inversores.
Aunque el objetivo era que este trámite estuviese cerrado en otoño de 2016, la decisión del IVF de someter el borrador a la revisión y valoración de un despacho legal externo, antes de remitirlo a la Abogacía de la Generalitat, ha supuesto alargar los plazos.
Una vez sea refrendado este decreto, la Conselleria de Economía será la encargada de elaborar el nuevo decreto de ferias, que establecerá las características y reglas de funcionamiento de la entidad. Feria Valencia dejará de ser una entidad sin ánimo de lucro para convertirse en una sociedad mercantil de capital mixto, gestionada por un socio privado.
A partir de ahí, se abrirá la búsqueda de socios para el desarrollo de su negocio, que se elegirá mediante la fórmula del diálogo competitivo. Se elaborará un cuaderno de venta con la información del proceso y la situación de la entidad y se contará con el respaldo de una consultora externa. Su entrada en el accionariado se hará con una ampliación de capital.
Durante este proceso de transformación societaria, se disolverá el patronato y la dirección del recinto se encargará a una comisión gestora, que estará integrada por una parte de la actual directiva, con su presidente, José Vicente González, a la cabeza. Una vez que la nueva sociedad mixta asuma la gestión de Feria Valencia, se procederá a la disolución de la actual sociedad, Feria Muestrario Internacional de Valencia. Esta entidad es titular de la concesión municipal de explotación de la Feria hasta el año 2051. El Ayuntamiento tendrá que rescatar esta concesión para asignársela al nuevo operador mixto -en principio, por un periodo de 50 años-.
Si bien desde la dirección de Feria Valencia declinan concretar un calendario para los distintos pasos del proceso, afirman que los trámites se están completando de acuerdo con lo planeado.
La asunción de la deuda y las dotaciones anuales que ha tenido que realizar el Gobierno valenciano para cubrir los costes financieros de la misma -de más de 30 millones cada ejercicio- elevan el impacto de la ampliación de Feria Valencia para las cuentas públicas a más de 1.000 millones de euros, según la estimación de la Intervención de la Generalitat. Intervención denunció sobrecostes en las obras de ampliación de un 86,7 por ciento respecto al presupuesto inicial, de 325 millones, -que, en algunas facturas, llegaron hasta el 160,7 por ciento-, irregularidades en la adjudicación de los contratos, en pagos por dietas e indemnizaciones y el uso de tarjetas opacas por parte de sus anteriores responsables, hechos sobre los que se abrió la investigación de la Fiscalía ahora archivada. Además, Feria Valencia ha recibido, en los últimos ejercicios, transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para poder hacer frente al pago a proveedores.
Depurar responsabilidades
La Generalitat confía en recuperar parte de esos gastos a través del cobro de dividendos por su 30 por ciento de participación en el capital, una vez que Feria Valencia incremente su volumen de ingresos y genere beneficios. Y, aunque la investigación penal ha sido archivada por Anticorrupción, tanto el conseller de Hacienda, Vicent Soler, como el director del IVF, Manuel Illueca, han reiterado su intención de reclamar responsabilidades a los anteriores gestores del recinto, para recuperar el máximo de dinero público posible. De hecho, continúa el trabajo de la comisión de investigación creada en las Cortes Valencianas para profundizar en las presuntas irregularidades.
El sobreendeudamiento y la fuerte caída de actividad e ingresos en Feria Valencia -que ha pasado de un máximo de 65 millones de facturación en 2007 a niveles de entre 16 y 18 millones en los últimos ejercicios, con un mínimo de 13 millones en 2013- ha provocado que la entidad "haya destruido 60 millones de euros en ebitda en los años de la crisis", según el IVF.
Feria Valencia cerrará 2016 con un resultado operativo de 800.000 euros, frente a los números rojos de 460.000 euros del año anterior. El recinto seguirá en pérdidas, por impacto de los costes de la deuda. En concreto, de 1,5 millones, por debajo de los 2,6 millones de 2015 y muy lejos de los 5,8 millones de 2014 y los 9,2 millones de 2013.
El presidente del patronato de Feria Valencia, el alcalde Joan Ribó, explicó, tras su última reunión, que la situación es "positiva, ya que, a pesar de todos los problemas del pasado que ha tenido y que persisten una serie de cuestiones a nivel financiero, el recinto está funcionando y las perspectivas son buenas". La previsión es ir elevando el resultado operativo, hasta situarlo entre 1,5 y 2 millones de euros en el ejercicio 2018.
Feria Valencia tiene que afrontar, también, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anula el ERE que afectó, en 2011, a 106 de los 320 trabajadores, al considerar que "la totalidad del procedimiento ha consistido en la aparente realización" de los trámites legales, "pero de forma que la finalidad de dicho precepto no se haya cumplido, lo que nos lleva a la estimación de todos los recursos" de los afectados. Los demandantes han solicitado al juez que concrete sin tienen derecho a la reincorporación a la plantilla o a reclamar las retribuciones que han dejado de percibir desde su salida de la institución, aspectos que no se recogen en la sentencia.
El patronato de Feria esperará a tener esa información para decidir si interpone un recurso contra esta decisión judicial, pero Joan Ribó, atribuye la responsabilidad de la anulación del ERE a la "mala gestión" de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, que lo aprobó sin recibir el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo, y no a la actuación de Feria Valencia.
Garantías de continuidad
El proceso de transformación societaria y organizativa de Feria Valencia se plantea como una sucesión de empresa, de manera que la actual plantilla, integrada por un centenar de trabajadores -tras la salida de más de 200 empleados desde 2007, con la aplicación de sucesivos EREs- será asumida por la nueva sociedad. Los gastos de personal del recinto se han recortado un 64 por ciento desde el año 2009 y los de estructura, un 73 por ciento.
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