
Feria Valencia encara con optimismo 2017, año en que celebra su centenario y un ejercicio clave para su futuro, en el que se abordará su transformación societaria y estructural y abrirá la puerta a un socio privado especializado, que tome las riendas de su gestión. La institución "ha dejado de ser un problema" -en palabras de su presidente, José Vicente González, presidente también de la patronal, Cierval- y cierra, con 2016, un ciclo protagonizado por las caídas en actividad, las deudas, las pérdidas y los desaciertos en estrategia y en gestión.
Feria Valencia volverá este ejercicio a resultados operativos positivos por primera vez desde el inicio de la crisis -de 800.000 euros- y el plan de negocio aprobado por su patronato contempla crecimientos anuales de al menos el 6% para los próximos cinco años. Además, ha dado carpetazo a uno de sus episodios más oscuros, la investigación por presunta corrupción en contratos de la ampliación y el uso de tarjetas opacas por sus exresponsables, al no ver la Fiscalía Anticorrupción "indicios de delito".
"Este cambio de contexto permite abordar la negociación con los potenciales socios desde una posición mucho más ventajosa para discutir", subraya González. El escenario de crecimiento sostenido previsto en el plan de negocio es "el más moderado", sin contemplar la entrada del nuevo socio ni la incorporación de nuevos eventos al calendario del recinto.
Máxima transparencia
Fuentes vinculadas a la entidad afirman que, en los últimos meses, se han recibido contactos de inversores interesados en participar en la nueva etapa del recinto ferial, a los que se ha invitado a formar parte del proceso competitivo público que se abrirá con este fin, para garantizar la máxima concurrencia y transparencia. El plan inicial, aprobado en mayo, es que Generalitat tenga el 30% de la nueva sociedad, el Ayuntamiento de Valencia, el 10% y el 60% sea asumido por capital privado. Hay dos opciones: dos socios, uno centrado en actividad ferial y otro en eventos y congresos o un único inversor con experiencia en ambos.
El nuevo marco facilita este camino, pero aún quedan por abordar trámites fundamentales para garantizar su viabilidad. El más importante, la asunción de la deuda, que supera los 510 millones, por la Generalitat, que, de hecho, ya paga los costes desde 2009, por su condición de avalista. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene el borrador del decreto, que tiene que pasar los trámites jurídicos y, posteriormente, será sometido al Pleno del Consell y a las Cortes Valencianas, y tiene el respaldo de los acreedores. El IVF ha encargado su revisión a un despacho legal externo, antes de remitirlo a la Abogacía de Generalitat. La nueva sociedad nacerá, así, libre de estas cargas.
Una vez sea refrendado, Economía elaborará un nuevo decreto de ferias. Feria Valencia dejará de ser una entidad sin ánimo de lucro para ser una sociedad mercantil. A partir de ahí, se abrirá la búsqueda de socios, mediante el diálogo competitivo, con el respaldo de una consultora externa. Su entrada se hará con una ampliación de capital. Durante el proceso, se disolverá el patronato y la dirección del recinto se encargará a una comisión gestora. Cuando la nueva sociedad asuma la gestión, se disolverá Feria Muestrario Internacional de Valencia.
Si bien desde Feria Valencia declinan concretar plazos, afirman que los trámites "se están completando de acuerdo con lo planeado".
Más de mil millones de costes
La asunción de la deuda y las dotaciones anuales de la Generalitat para cubrir los costes de la misma -de más de 30 millones cada año- elevan el impacto de la ampliación de Feria Valencia para las cuentas públicas a más de 1.000 millones de euros, según Intervención de la Generalitat. Intervención denunció sobrecostes en la ampliación del 87% sobre el presupuesto, de 325 millones, irregularidades en los contratos, en pagos por dietas e indemnizaciones y el uso de tarjetas opacas, por lo que la Fiscalía abrió la investigación ahora archivada. Además, Feria ha recibido fondos del FLA para pagar a proveedores.
La Generalitat confía en recuperar parte de esos gastos a través del cobro de dividendos, una vez que Feria Valencia aumente negocio y genere beneficios. Y, aunque la investigación penal ha sido cerrada por Anticorrupción, su intención es pedir responsabilidades a los ex responsables, para recuperar el máximo de dinero público posible. De hecho, continúa el trabajo de la comisión de investigación de las Cortes Valencianas al respecto.
El sobreendeudamiento y la fuerte caída de ingresos en Feria Valencia -pasó de 65 millones en 2007 a entre 16 y 18 millones en los últimos años-, "han destruido 60 millones en ebitda en los años de crisis", según IVF. Pese al resultado operativo positivo, seguirá en pérdidas en 2016, de 1,5 millones, por los costes financieros -por debajo de los 2,6 millones de 2015-. Prevé elevar el resultado operativo, hasta situarlo entre 1,5 millones y 2 millones en 2018 y recuperar beneficios después de traspasar la deuda a la Generalitat.
Feria Valencia está pendiente de que el juez concrete las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anula el ERE que afectó, en 2011, a 106 trabajadores, para valorar su impacto y decidir si la recurre.