La desaparición de la marca Banco de Valencia supone el cierre definitivo de una etapa de la historia del sistema financiero valenciano que, en la práctica, finalizó en 2013, con la integración de esta entidad -dos años después de su intervención- en CaixaBank. Un hito que coincide en el tiempo con una ligera recuperación en la actividad del sector financiero en la Comunitat Valenciana, que, de consolidarse, podría situar al presente ejercicio como el primero con crecimientos en volumen de negocio desde 2008. El informe semestral del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -elaborado sobre datos del Banco de España- recoge un total de 219.474 millones, 2.800 millones más que al cierre de 2015. El saldo crediticio ha pasado de 122.976 a 124.172 millones de euros, mientras que los depósitos de clientes subieron de 93.700 a 95.302 millones en esos 6 meses. Un cambio de tendencia que, aunque moderado, ha sido acogido positivamente por el sector empresarial valenciano. (Puede leer este reportaje, así como otras noticias, entrevistas y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
A pesar de esta evolución en negocio, entre diciembre y junio continuó el cierre de oficinas bancarias en la región, con 79 clausuras. Desde 2008, la red financiera valenciana ha perdido más de 2.000 sucursales, pasando de 5.061 a 3.032. Si bien el sector da por concluido el grueso de los ajustes en actividad y en redes de los últimos ejercicios -salvo casos puntuales, como el impacto de la reestructuración anunciada por Banco Popular-, las entidades advierten de que el actual escenario de ingresos reducidos, baja rentabilidad y el proceso de transformación digital de esta industria podrían provocar cambios en esta política.
En los últimos ejercicios, los agentes de la economía valenciana han pasado de contar con el respaldo de la tercera y cuarta cajas de ahorros nacionales, Bancaja y CAM, el banco más eficiente, Banco de Valencia, y una red de pequeñas entidades -cajas de ahorros y cooperativas de crédito- que daba cobertura a la práctica totalidad de los municipios de la Comunitat, a asistir a la integración de Bancaja en Bankia, de la CAM en Banco Sabadell y la compra por CaixaBank del Banco de Valencia -por un euro-, mientras gran parte de las cajas rurales pasaron de una fusión fría liderada por RuralCaja a la integración en Cajamar. Todas estas operaciones conllevaron, en la práctica, fuertes recortes de red y personal, para evitar duplicidades.
Frente a este proceso, merecen mención expresa un conjunto de entidades de menor tamaño, como Caixa Ontinyent, Caixa Popular y una quincena de cajas rurales, que han optado por preservar su independencia y apostar por un modelo de banca de proximidad que les ha permitido mantener crecimientos tanto en red de oficinas como en volumen de negocio.
Impacto directo en la empresa
La práctica desaparición del poder financiero de la región, tras la absorción de las principales entidades por parte de grandes grupos financieros con sede en otras comunidades, tuvo un damnificado directo, el sector empresarial. La crisis de liquidez del sector financiero, las exigencias de capitalización a las que ha tenido que hacer frente y el endurecimiento de los requisitos para conceder créditos impidió a gran parte de las pequeñas y medianas empresas valencianas acceder a este tipo de recursos, fundamentales para la supervivencia de muchas de ellas.
En la actualidad, los nuevos planes estratégicos de los grupos financieros sitúan a este segmento de clientela como prioritario, lo que, en la práctica, se ha traducido en la apertura de oficinas y centros especializados, el refuerzo de los equipos responsables de este tipo de clientes y el diseño de nuevas líneas de financiación, con una creciente segmentación por tipo de operación e, incluso, por sectores de actividad.
"La economía está creciendo y lo normal es que la evolución del crédito se acompase con esa tendencia. En los últimos ejercicios, las entidades financieras han tenido que afrontar el impacto de operaciones fallidas y, en muchos casos, se ha tenido que priorizar la refinanciación de créditos, lo que ha limitado recursos para otro tipo de operaciones. Ahora el contexto es diferente. Hay liquidez y las empresas han retomado proyectos de inversión y expansión, que irán ganando peso en el volumen total de créditos", apunta Manuel Illueca, director general del IVF -organismo de la Generalitat Valenciana con competencias de supervisión sobre el sector financiero-.
El IVF ha asumido un papel activo para dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial, con la creación de un banco público de desarrollo, el Banc de la Generalitat. Este organismo será una entidad independiente en 2017, pero, desde el punto de vista operativo, el IVF ya ha puesto en marcha las primeras líneas, con 45 millones de recursos propios y 30 millones de fondos europeos. Su objetivo es funcionar bajo un modelo de cooperación público-privada, con operaciones sindicadas y avales para facilitar el acceso de las empresas al crédito bancario. Una fórmula de colaboración que se aplicará, también, en su proyecto de asistencia financiera a municipios sin red bancaria.
Relanzamiento de estrategias
En el caso de CaixaBank, tras la compra de Banco de Valencia optó por un periodo de transición y de convivencia entre las marcas en las provincias de Valencia y Castellón, que ha durado 3 años. El grupo tiene 434 oficinas, 10 centros de empresa y tres de banca privada en la zona. La financiación facilitada a las empresas ha crecido en torno al 25 por ciento en el último año, "abordando todos los aspectos del negocio, tanto su circulante en el día a día como sus proyectos de inversión a largo plazo", detalla la entidad.
Bankia cuenta con 414 oficinas y 12 centros de empresa en la región, con 2.454 empleados. La Comunitat aporta más del 20 por ciento del volumen de ingresos del banco, que destaca que "la red y la plantilla se mantienen prácticamente estables desde hace más de tres años". Hasta septiembre, ha aumentado un 22,6 por ciento el número de créditos, con un alza del 14,1 por ciento en operaciones con pymes. A pesar de que el centro de decisión está en Madrid, Bankia tiene su sede social en la Comunitat, "lo que se traduce en un incremento de ingresos tributarios para la región", destaca la entidad.
Ibercaja, dentro del Plan+Levante, ha puesto en funcionamiento este año, en Valencia, un nuevo centro de negocio de empresas -que dará servicio a firmas con volúmenes de facturación superiores a los 10 millones de euros- y abrirá otro en Alicante. El objetivo del grupo, que tiene 61 oficinas en la zona, es elevar en 1.157 millones su negocio en la región hasta 2020, con alzas en créditos -de 578 millones- y en depósitos -de 579 millones-. Se centrará, sobre todo, en banca personal y privada, pymes y grandes empresas.
Por su parte, Cajamar, formado por 19 cajas rurales, de las cuales 18 tienen su sede en la Comunitat, además de articular líneas de financiación para empresas y emprendedores, ha ido un paso más allá en su estrategia, con el lanzamiento de su Plataforma Internacional, que, junto a los productos financieros, ofrece otro tipo de servicios -asesoramiento de negocio, legal, fiscal...- prestados por 14 empresas especializadas en estas áreas de actividad y enfocadas al mercado exterior.
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