La Generalitat Valenciana ha cifrado en 4.500 los empleados públicos que necesita contratar en los próximos tres años para evitar "el colapso", según se desprende del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat. En este contexto, el estudio plantea que las ofertas de empleo público para los tres próximos años combinen procesos ordinarios, en los que se oferten un número alto de plazas, junto a procesos de consolidación, en los que se valore sobre todo la experiencia acumulada.
Este documento destaca el "alto" número de vacantes en su plantilla, 1.141 sobre un total de 17.073 puestos de trabajo, y alerta del "envejecimiento" de la plantilla de la administración autonómica, ya que habrá 5.000 jubilaciones en los próximos 5 años y 12.000 en la próximas dos décadas, según detalló la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, que presentó el Plan Estratégico al Consell y a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat.
Ante esta situación, el plan defiende que para disminuir la tasa de temporalidad y rejuvenecer las plantillas es necesario convocar procesos selectivos en la casi totalidad de sectores de la administración autonómica, así como la inclusión de procesos selectivos libres (no restringidos) en los que puedan valorarse, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia en los puestos objeto de la convocatoria.
El estudio destaca como uno de los elementos más llamativos en la plantilla de la Administración valenciana su "elevada tasa de temporalidad", dada "la gran proporción sobre el total del personal interino o contratado laboral temporal" ya que de los 17.073 puestos de trabajo que dispone la administración valenciana, 15.093 están ocupados, el 88,4%, y 1.141 están vacantes y afectan sobre todo a las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y a la de Educación.
Del total de plazas ocupadas, 9.219 están ocupadas por funcionarios de carrera; 4.784, por interinos de urgencia; 1.001, por contratados laborales; 832, por laborales temporales; 59, por eventuales; 35, por laborales indefinidos no fijos, y 18 por otros.
Otro elemento destacable de la plantilla es su "elevada" tasa de provisionalidad, provocada por la generalización, entre el personal funcionario y contratado laboral fijo, de situaciones de provisión no definitivas, tales como la comisión de servicios y la adscripción provisional. Como consecuencia, sólo 6.481 funcionarios ocupan la plaza de la que son titulares -el 42% de las plazas ocupadas-, mientras que 8.612 plazas tienen un ocupante provisional, señala el estudio.
"Precariedad laboral"
Por ello, la conclusión a la que llega es que "el 36% del personal está en situación de precariedad laboral" y su distribución, además, "no es homogénea, porque ese porcentaje se eleva al 51% en el Servef, al 49,9% en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al 45% en Educación y Cultura".
Asimismo, el informe elaborado por la Dirección General de Función Pública destaca el proceso de envejecimiento de las plantillas con más del 60% de los empleados públicos con 50 o más años. De ellos, más del 13% superan los 60 años y sólo 58 personas de la administración del Consell tienen menos de 30.
Así, prevé que en los próximos diez años se jubilarán más de 5.000 efectivos que podrían ascender si se añade la previsión de bajas por incapacidad permanente o defunción. A partir de 2018, todos los años podrán generarse más de 500 vacantes, que serán cerca de 800 a partir de 2022 y 900 entre los años 2025-2029. En 20 años se jubilará el 75% de la plantilla, más de 12.000 personas.
"Convocatorias regulares"
"Una vez reducida la temporalidad, se debería mantener esa situación mediante la convocatoria regular de procesos selectivos a través del sistema de oposición que permita un rejuvenecimiento de las plantillas", señala, para remarcar que la plena efectividad de estas actuaciones requiere de "la eliminación de las cláusulas restrictivas que en los últimos años incluyen las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo público por las administraciones públicas".
También considera "imprescindible" la modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que limita la posibilidad de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005.
En este sentido, los técnicos de la Dirección General de la Función Pública consideran que "no es posible atajar las deficiencias de las que adolece la Administración de la Generalitat si el Gobierno central sigue manteniendo limitaciones a la posibilidad de convocar ofertas de empleo". Por ello, la Generalitat ha reclamado y va a seguir reclamando al Gobierno la eliminación en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado de las limitaciones respecto a las ofertas públicas de empleo.
Dos escenarios
En caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado eliminase las limitaciones relativas a la tasa de reposición, la Generalitat podría aprobar tres ofertas anuales de unas 1.500 plazas cada una para los años 2017, 2018 y 2019. Se conseguiría así ofertar un volumen de plazas cercano al 90% de las vacantes. Los procesos de consolidación se incluirían en los dos primeros años. De poder actuar así, el plan calcula que, una vez ejecutadas estas ofertas, la tasa de temporalidad habrá descendido a un 15%, pese al elevado número de bajas que se prevén.
Por el contrario, si se mantienen las tasas de reposición, el plan alerta de que será "imposible" disminuir la tasa de temporalidad, por lo que el documento recomienda que se siga instando al Gobierno de España a la eliminación de las restricciones.
De esta manera, si la tasa resultante para 2017 es la misma que para 2016, el plan apuesta por tres ofertas anuales de unas 350 plazas de turno libre cada una y entre 260 - 300 plazas de promoción interna. "Son ofertas no solo insuficientes para lograr una reducción de la tasa de temporalidad, sino que ésta habrá aumentado transcurridos los tres años", alerta.
