Intu-Eurofund Valencia ha llevado ante la justicia la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que deniega la aprobación del desarrollo del macrocomplejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo en Paterna, aprobada el 10 de octubre. La compañía ha comunicado que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, porque entiende que la resolución "no es conforme a Derecho" y para "defender sus derechos e intereses legítimos como Promotor de la ATE del Proyecto Puerto Mediterráneo". Intu pidió una reunión con el presidente valenciano, Ximo Puig, y con la vicepresidenta, Mónica Oltra, para buscar una salida negociada para un proyecto que planteaba una inversión de 863 millones de euros y la creación de 5.900 empleo, pero no ha obtenido respuesta.
La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas denegó definitivamente el desarrollo del proyecto sobre la base del informe negativo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Los técnicos de la Conselleria dirigida por María José Salvador se basaron, también, en los "informes sectoriales emitidos y que son de carácter vinculante, como el informe desfavorable del Ministerio de Fomento y el de la Subdirección General de Movilidad".
El proyecto, que llevaba en trámites administrativos desde 2011, cuenta con 46 informes favorables, según su promotora, Intu Eurofund. En sus alegaciones a la memoria de la Comisión Ambiental, Intu criticó que emitiese un acuerdo de memoria ambiental "sin atender debidamente ni al contenido de toda la documentación presentada por los promotores, ni a los cerca de 50 informes favorables que se han emitido a lo largo de las dos exposiciones públicas realizadas".
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente -dirigida por Compromís- alegó problemas de movilidad y accesos, el impacto en un paraje natural colindante y desde el punto de vista de contaminición y razones de "estrategia territorial" -por ser una de las únicas bolsas de suelo libre del área metropolitana-, según el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro -portavoz de Els Verds-.
Intu acusa directamente al equipo técnico del informe de "falsedad" en ámbitos como los recursos hídricos, que tienen dos informes a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la Comisión obvia al apuntar que no están garantizados. Lo mismo ocurre respecto a la contaminación ambiental y acústica, así como sobre la disponibilidad de suelo en la zona.
"Respecto del Plan de Actuación Territorial (PAT) de la Huerta al que se hace referencia, no existe ningún plan aprobado actualmente, por lo que es contrario a derecho referirse al mismo", subraya.
El promotor ha esgrimido, también, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano de 2009, que avala la aplicación del II Plan de carreteras con una delimitación sobre la zona de protección de 50 metros para las vías con una intensidad media diaria superior a 5.000 vehículos al día, que sería el caso de la CV-35. Esta circunstancia invalidaría la exigencia de la Conselleria de una zona de 100 metros y "fue aceptada e informada favorablemente de manera previa" por los órganos correspondientes de la Generalitat, según defiende Intu.
Apoyos al proyecto
Puerto Mediterráneo sigue el modelo de centro comercial y de ocio de Puerto Venecia, desarrollado por Intu-Eurofund en Zaragoza. Con una superficie de medio millón de metros cuadrados, tendría 300.000 metros de superficie bruta alquilable y espacios destinados al ocio, como una piscina de olas, pista de esquí artificial, instalaciones deportivas, zonas de juegos y áreas ajardinadas.
La patronal empresarial y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) salieron en defensa del proyecto de la promotora Intu Eurofund, que recibió también el apoyo expreso del delegado el Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que comprometió el apoyo del Ejecutivo central para reconducir y llevar a cabo el complejo.
"Más allá de las consideraciones técnicas tenidas en cuenta, el acuerdo de la Comisión supone una verdadera contravención ya no sólo del propio del acuerdo del Consell declarando el Proyecto Puerto Mediterráneo como Actuación Territorial Estratégica -directamente ejecutivo, definitivo y firme-, sino de pilares jurídicos tales como la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza legítima", destaca la firma.
Ante las críticas por el posible efecto disuasorio del caso de Puerto Mediterráneo para otras iniciativas inversoras, la Conselleria afirma que se ha aplicado el "máximo rigor técnico y jurídico", para garantizar el cumplimiento de la ley. "Cada paso que se dé para atraer inversiones se debe hacer siempre con la máxima seguridad jurídica y técnica", subraya.
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