Los peritos de la acusación han ratificado que el pago del empresario Vicente Cotino al expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, de 580.000 euros en concepto de asesoramiento en una operación de venta de acciones no correspondió a un trabajo realmente hecho.
"Nos consta que Olivas no realizó las gestiones por las que cobró", afirmaron los dos testigos que declararon en el juicio contra Cotino -sobrino del exconseller, expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino-, Olivas y su esposa, Mercedes Álvarez, por presuntos delitos de falsedad documental y fraude fiscal.
Los peritos explicaron que ni Olivas, ni su mujer ni la sociedad de la que ambos eran titulares, Imarol, a través de la que se emitió la factura aparecen, en ningún momento, como intermediarios en la negociación para la venta a Endesa del 25% que Sedesa -empresa de Cotino- tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (Pevsa).
Esta operación, por 39,3 millones, se cerró junto a la venta del 20% de Bancaja en Pevsa. Sedesa se desgravó esa factura, "lo que supuso un perjuicio para Hacienda de 150.000 euros", según los técnicos.
Los peritos indicaron que, en un principio, Olivas y Cotino afirmaron que fue un asesoramiento "verbal", del que no existía soporte documental de ningún tipo. Posteriormente, ante los requerimientos de Hacienda, aportaron un informe de tres páginas, firmado por la esposa de Olivas, con fecha 2008 -aunque Álvarez dijo que firmó en 2013-. Los técnicos lo consideran "un intento desesperado de justificar un servicio, pero no justifica nada".
La Fiscalía pide tres años de prisión y más de 200.000 euros de multa para Olivas y Cotino, que mantienen que el trabajo abonado sí se llevó a cabo.