Comunidad Valenciana

Cotino niega que hubiese trato de favor a Savia Gerocentros, así como la presunta financiación ilegal al PP

El accionista del Grupo Savia Gerocentros del Mediterráneo, Vicente Cotino, ha negado haber "financiado al PP ni a ningún otro partido" a cambio de resultar beneficiarios en contratos públicos. En esta línea, cree que, si su empresa logró el 40 por ciento de las plazas licitadas, sería porque era "la mejor oferta".

En su declaración ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que investiga el proceso de adjudicación de plazas de residencias para dependientes, Cotino -sobrino del expresidente de las Cortes, exconseller y exdirector general de la Polícia, Juan Cotino- insistió en que no recibió información privilegiada sobre los concursos ni mantuvo ninguna reunión al respecto con el conseller responsable, Rafael Blasco. "Yo no tuve ninguna reunión con Blasco y no me consta que nadie de Gerocentros del Mediterráneos mantuviera reuniones ni sobre el pliego de condiciones ni sobre cómo íbamos a licitar", ha remarcado.

Ha explicado que su relación con el expresidente Francisco Camps y con el exconseller Gerardo Camps era como la que tenía con "cualquier otro político" y ha admitido conocer a los empresarios Enrique Ortiz y Arturo Alario, aunque ha eludido comentar las grabaciones hechas públicas de estos dos empresarios porque las conversaciones están "en los juzgados".

Pérdidas de la sociedad

Preguntado por los incumplimientos de los plazos en la construcción de las plazas, ha manifestado desconocerlo porque era sociedad y eran los directivos los que acudían a los Consejos de Administración. Por ello, ha justificado su desconocimiento sobre si se solicitaron prórrogas a los plazos y si hubo penalización por incumplimientos.

Cotino ha explicado que Gerocentros del Mediterráneo se creó como sociedad entre 14 ó 15 empresas constructoras, entre ellas, Sedesa, propiedad de la familia Cotino, Lubasa, de Luis Batalla, y el grupo de Enrique Ortiz. Los responsables de estas tres firmas están imputados en la pieza del caso Gürtel por presunta financiación irregular al PP valenciano en 2007 y 2008, que Ortiz ha admitido ante la Fiscalía para lograr una reducción de condena.

Cotino afirmó que Gerocentros no sólo no fue una inversión rentable para los empresarios, sino que perdieron dinero "todos los años" y que la venta de la empresa les supuso un quebranto de 12 millones de euros.

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