Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y expertos jurídicos de Cuatrecasas Gonçalves Pereira han advertido de la complejidad laboral y administrativa derivada de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat Valenciana. En la jornada 'Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas', celebrada en el Hospital de Alzira, se han analizado los posibles escenarios para la plantilla no estatutaria de este Departamento de Salud, cuyo contrato de concesión finaliza el 31 de marzo de 2018.
Nicolás González-Deleito, socio del Departamento Mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, ha señalado que, "si bien la administración tiene libertad para cambiar el modelo de gestión, la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria". En este sentido, González-Deleito ha aclarado que "no puede ser una decisión meramente fundada en una voluntad política".
Por su parte, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha puesto de manifiesto la complejidad que supondría para la administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores que asumiera tras la reversión del centro hospitalario.
Así, Agustí ha negado que los 2.000 profesionales laborales del Departamento de Salud de La Ribera vayan a pasar a ser trabajadores estatutarios fijos con la reversión del Hospital. "Si se produce la reversión de la concesión, aunque el nuevo empleador sea un empleador público, no se garantiza solo por este motivo el acceso de la plantilla de trabajadores al empleo público", ha señalado Agustí, quien ha hecho un repaso de la última normativa y jurisprudencia en materia laboral, que avala, por ejemplo, "las reducciones de remuneración en casos de reversión de empresas a la gestión pública" o los despidos objetivos o colectivos "en caso de duplicidad de servicios".
En cualquier caso, Agustí ha afirmado que la Administración debe comunicar "previamente y con la suficiente antelación" la hoja de ruta que va a seguir con los trabajadores del Hospital de Alzira.
Continuidad de la plantilla
Los principales líderes sindicales han fijado su postura sobre la reversión de la concesión. Así, Andrés Canovás, del CESM Comunidad Valenciana, ha asegurado que "el mantenimiento de las condiciones actuales para los trabajadores es inexcusable" y "no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio".
Por su parte, Daniel Matoses, del CSIF, ha asegurado que nos pronunciaremos cuándo sepamos qué quiere hacer la Conselleria con "las condiciones del personal, la calidad asistencial y el impacto económico para los ciudadanos". "De momento" ha afirmado Matoses, "no ha aclarado nada".
Javier Aznar, presidente de SATSE-Valencia, ha asegurado que la reversión de Alzira "es una decisión política" y ha remarcado que la Coselleria no nos ha contestado "sobre el modelo de gestión que quiere aplicar, si empresa pública, fundación u otra figura".
Por su parte, Lourdes Ramírez de SAE Valencia, ha asegurado que su sindicato "trabajará para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y la calidad asistencial".
Luis Lozano, de UGT-PV, ha asegurado que el Hospital de Alzira, "presta un servicio público de calidad" y ha mostrado su convicción de que "todo el personal va a permanecer en su puesto". Lozano ha explicado que la Conselleria optará por una empresa pública o por una fundación pública sanitaria y "mantendrá los salarios de los trabajadores, pero no creo que incorporen los incentivos que actualmente tienen los trabajadores laborales".
Por su parte, Arturo Leon, de CCOO, ha asegurado que el modelo de concesión de Alzira es un modelo que ampara la ley y se ha mostrado convencido de que el personal mantendrá las condiciones, "pero no podrá ser estatutario, sino indefinido no fijo". León ha remarcado que Ribera Salud tiene derecho a "defender su modelo de gestión".
Más de 140 millones invertidos
Por su parte, el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, ha destacado que "la colaboración público-privada ha permitido invertir más de 140 millones de euros en La Ribera en los últimos 16 años, lo que significa la mayor inversión de la historia en una comarca de la Comunitat Valenciana en la mejora de los servicios sanitarios, si exceptuamos el gran proyecto del Hospital La Fe".
En este sentido, ha recordado "las grandes infraestructuras y servicios sanitarios" con que cuenta el Departamento de Salud de La Ribera, "solo disponible en los grandes hospitales". Asimismo, se ha referido a los indicadores asistenciales del centro alcireño, con "unas ratios en cuanto a demoras y lista de espera que no tiene nadie en la Sanidad pública valenciana y que son valorados por los ciudadanos de La Ribera a través de las encuestas de satisfacción".
