Ribera Salud ha abierto un nuevo frente judicial contra la Generalitat Valenciana. El grupo ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la "desestimación por silencio administrativo" del requerimiento a la Conselleria de Sanidad de revisar las liquidaciones de los conciertos de los últimos años, tras destaparse la existencia de 'facturas sanitarias en el cajón' -práctica que ha supuesto una multa de 18,9 millones de Bruselas al Estado español por manipular los datos del déficit, fruto de estos gastos sin registrar-.
Ribera Salud defiende que, si los gastos 'ocultos' se hubiesen incluido en los presupuestos de la Generalitat, la base para calcular la cápita -cifra pagada por ciudadano atendido- sería mayor y, con ello, los ingresos de las concesionarias. El desvío en la liquidación sería de entre 60 y 70 millones de euros a favor de Ribera Salud, según fuentes conocedoras del proceso.
En las últimas semanas, Ribera Salud ha presentado, también, recursos contencioso-administrativos por la retirada de servicios de especialidades, en base al decreto de designación de unidades de referencia de la Generalitat. La compañía se ha visto afectada en las áreas de oncología -Torrevieja-, hemodinámica -Elche- y neurocirugía -Dénia-, que han pasado a gestión pública directa. El grupo alega que ha hecho altas inversiones en estos servicios, contemplados en las concesiones, por lo que su retirada incumple los contratos.
Ribera Salud -participada por la multinacional Centene y Banco Sabadell- es impulsora del 'modelo Alzira' de cooperación público privada en atención sanitaria y gestiona cuatro de las cinco concesiones de salud valencianas. La quinta, corresponde al Grupo Bupa Sanitas.
La Generalitat ha puesto en marcha el anunciado proceso de "recuperación" a gestión pública directa de estos departamentos, que se basa en el acuerdo político entre los partidos en el Gobierno. *(Leer más en información adjunta).