El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017 presentado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia -integrado por Compromís, Podemos y PSPV- ha provocado el malestar y las críticas de las asociaciones de comercio y hostelería de la ciudad. El consistorio plantea mantener la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales comerciales con valor catastral superior a los 250.000 euros aplicada en 2016 -del 36 por ciento-, a pesar de los centenares de reclamaciones de pequeños comercios y obviando meses de negociaciones con el sector, y plantea una revisión de las tasas aplicadas a terrazas de hostelería -con un aumento de hasta el 74 por ciento en la zona más cara-, cuyos representantes afirman que se ha aplicado "de forma unilateral, sin consultar".
Tanto la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (Cecoval) como la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Fehv) denuncian que estas medidas se basan en "decisiones políticas" y tienen, únicamente, "afán recaudatorio", sin valorar su impacto en el proceso de recuperación de las empresas afectadas -en su mayoría, pymes y micropymes- y en el empleo, en un momento en el que empiezan a surgir signos de ralentización. Asimismo, alertan de que desincentivan la inversión en la ciudad de Valencia.
Por todo ello, ambos sectores urgen al Ayuntamiento a reconsiderar su posición y negociar las medidas.
Informe "imposible"
"Desde abril, cuando se aplicó la subida del IBI, venimos reclamando al Ayuntamiento el expediente previo a la ordenanza de subida del IBI, con los correspondientes estudios o informes económico-financiero y jurídico, que permite a los responsables municipales vincular el tamaño de los comercios con la actividad económica y los ingresos a ella vinculados, algo que, a priori, nos parece imposible. El IBI es un impuesto sobre un bien inmueble, independientemente de la labor que en él se lleve a cabo. Dos locales contiguos y gemelos pueden acoger un banco y una zapatería y, para que pague el banco, están gravando también al comercio. El criterio que defienden, no es riguroso y no nos aportan los datos que lo avalen, porque no pueden existir", denuncia Isabel Cosme, presidenta de Cecoval.
"Únicamente Compromís y Podemos avalan esta subida; el PSPV está de nuestra parte, como Ciudadanos y PP, pero está atado por los pactos de Gobierno", subraya Cosme. De hecho, el tripartito aprobó la medida con los votos en contra de los concejales socialistas.
Como contrapartida a la mayor presión fiscal, el concejal de Comercio, Carlos Galiana, ha anunciado un 'Plan de Dinamización del Comercio Local de Valencia', que contempla "el diseño conjunto de la estrategia turística y comercial, la conexión entre las zonas comerciales urbanas, el apoyo a pymes, y el equilibrio entre espacios públicos". Además, destaca que "la llegada del nuevo Gobierno produjo un incremento en la partida de comercio de los 500.000 euros de 2015 a casi 1,4 millones en 2016".
Cecoval responde a Galiana que no quiere "subvenciones, sino que no nos pongan trabas injustificables y que nos dejen hacer nuestro trabajo".
Hasta un 74% más
Por lo que respecta a las tasas por 'Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas', el consistorio indica que "se pretende una zonificación más justa, atendiendo a la rentabilidad derivada de la utilización del dominio público y basada en el precio de mercado del suelo, con una rentabilidad del 6 por ciento", que se habría definido "en función de los estudios realizados por la Universidad Politécnica".
La Federación de Hostelería criticó su "desconocimiento total de esta medida", que afecta a un sector económico tan importante para la ciudad como es la hostelería y el turismo, "con miles de empresas y trabajadores". "Un ayuntamiento que presume de diálogo y de fomentar la participación social y ciudadana en todos los debates que se plantean para la ciudad, pretende, sin embargo, asumir una medida de forma unilateral sin consultar con el sector afectado", destaca.
La organización estima que "una subida de impuestos en estos momentos no hace más que dificultar el proceso de recuperación de las empresas, mayoritariamente pymes y micropymes que son las que componen el tejido hostelero valenciano".
Actualmente, hay autorizadas cerca de 3.500 terrazas en la ciudad de Valencia. El consistorio defiende que "un 89% de las terrazas no verán incrementado su recibo e, incluso, al 30% de ellas se les reducirá". La Fehv pide al Ayuntamiento la apertura de una negociación para analizar el impacto real de la medida.
Servicios de telefonía móvil
Además, el equipo de Gobierno local ha anunciado que "gravará el uso privativo o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. Se calcula que los ingresos derivados de esta aplicación podrían alcanzar los 7 millones de euros".
