El Consell ha dado su visto bueno a que la Abogacía de la Generalitat solicite al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la adjudicación de los inmuebles que fueron pagados con el desvío de fondos públicos en el caso Cooperación del anterior Consell. En cuanto se haga efectiva la adjudicación, los inmuebles pasarán a integrarse en el inventario de bienes de la Generalitat, que a partir de entonces podrá disponer de ellos libremente, mediante su uso o su venta. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha indicado que "estos bienes tendrán una finalidad social e irán destinados a colectivos vulnerables.
El objetivo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación, en la que, con independencia de las condenas de carácter penal, se determina una responsabilidad civil por importe de 1,62 millones de euros. El Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda ha calculado el valor actual de mercado de estos tres inmuebles, que sitúa en 830.000 euros.
Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles propiedad de la Fundación Cyes, que fueron adquiridos por esta entidad con las subvenciones de la Generalitat declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros.
En concreto, los 1,6 millones malversados se invirtieron en un garaje y tres inmuebles en Valencia, que se sacaron a pública subasta. Pero ninguno de los inmuebles se pudo adjudicar porque las mejores ofertas que se presentaron quedaron muy por debajo del precio fijado en la tasación judicial.
Así, por uno de los pisos se ofrecieron 30.000 euros (el 10% del precio de licitación, que ascendía a 290.634 euros). Por otro de los pisos se llegaron a ofrecer 25.000 euros (el 13% del precio de licitación, 179.124 euros). Y por el tercero de los inmuebles se ofrecieron 21.000 euros (el 21% del precio de licitación, que se cifra en 97.042 euros).
En total, se ofrecieron 76.000 euros por los tres inmuebles, cuando el precio de licitación de los mismos sumaba 566.800 euros. Únicamente en el caso del garaje se adjudicó a la mejor oferta, 8.200 euros, frente a un precio de licitación de 13.500 euros.
Respecto a los otros tres inmuebles, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, cuando la autoridad judicial deniega la aprobación del remate, el acreedor (en este caso, la Generalitat) podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, que es lo que ha hecho la Generalitat.
Este importe viene a resarcir parte de la responsabilidad civil incurrida por los condenados, sin que la Generalitat tenga que realizar un desembolso efectivo. El único dinero que ha tenido que abonar el Consell en esta operación es el de las cargas pendientes que recaían sobre los inmuebles; en concreto, el IBI al Ayuntamiento de Valencia (10.521 euros) y las deudas con la comunidad de propietarios (17.695 euros).
