La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) alerta de la situación que sufren las 1.500 personas con trastorno mental grave tuteladas por la Administración autonómica, ya que, desde enero, no han recibido las ayudas a la dependencia, lo que ha impedido que salden la deuda que mantienen con los centros en los que son atendidos. La Comisión de Salud Mental de AERTE ha decidido solicitar una reunión con Ana María Lanuza, Fiscal Decana de la Sección civil y de Protección de las Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Valencia y con el Sindic de Greuges, José Cholbi.
"Si bien los centros mantienen la atención prestada, los casi 5 millones de euros de deuda actuales pueden acabar generando problemas financieros ya que algunos de ellos han anunciado a sus plantillas que no podrán hacer frente a la próxima nómina. Esto está generando un ambiente que no es el más adecuado para atender a personas en esta situación", advierte José María Toro, presidente de Aerte.
"Estas personas se encuentran bajo la protección de la Generalitat, ya que o no tienen familia o ésta no puede hacerse cargo de ellos, por lo que debe hacerse cargo de su manutención, atención y tratamiento. Normalmente son atendidos en centros especializados donde se trabaja para su rehabilitación. Reciben las ayudas de dependencia con las que pagan los servicios que reciben en los centros, por lo tanto, hasta que el usuario no recibe el pago de la prestación, el centro no cobra por toda la atención prestada", explica Toro.
En el caso de las personas con trastorno mental grave, reciben prestaciones económicas individuales para el servicio recibido, que se conceden anualmente. "En este caso, también se han producido problemas porque todavía no se han resuelto las de 2016 y, por lo tanto, también siguen pendientes de pagar. En este caso, parece aún más grave, porque el retraso no es por una cuestión económica, sino a causa de la lenta gestión administrativa que se hace y que está retrasando de una manera enorme todo el procedimiento", subraya.
"La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas lleva meses diciendo que la situación se va a resolver y que los pagos se harán de manera mensual y con la retroactividad que se haya generado pero pasan tiempo y la situación es cada vez más grave. La única explicación dada es que el retraso se debe a un problema técnico", señala.
"En los peores años de la crisis, ya tuvimos que sostener el sistema frente al abandono y los impagos de la Administración. Hoy parece que aún quedan situaciones, como las de salud mental, en la que tenemos que seguir atendiendo a la gente por profesionalidad y compromiso con las personas tuteladas que son, por cierto, con los que mayor responsabilidad tiene la administración", subraya el presidente de Aerte.
