La Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV), que representa a más de 38.000 empresas de hotelería y hostelería de la región, critica la "imposición obligatoria" del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR) que planea la Generalitat Valenciana para el año 2018 y subraya que "no se ajustaría a la normativa española, que impide la doble imposición". La organización advierte del negativo impacto de este modelo, tanto en términos de costes económicos para consumidores y empresas hosteleras, como desde el punto de vista de la gestión logística y de posibles "problemas de seguridad alimentaria".
La Confederación -integrada por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) y la Federación Hotelera- denuncia la complejidad de la gestión de este sistema por parte de los establecimientos hosteleros, derivados de la fianza y depósito, ya que "supondría que miles de locales de hostelería se verían obligados a recoger y almacenar envases de los ciudadanos hasta su posterior entrega a las empresas de reciclaje". Además, alerta de que "se podrían producir problemas de seguridad alimentaria, por un claro riesgo de contaminación cruzada".
A ello se suman las nuevas cargas impositivas que se aplicarían a los ciudadanos "para financiar un sistema cuya eficacia es muy dudosa". La Conferación apoya su postura en los estudios de diferentes organismos, como la Universidad de Alicante y de la Universidad Politécnica de Madrid, que "ponen en entredicho la efectividad de este cambio de modelo de gestión, al apuntar que la implementación de este nuevo sistema sólo incrementaría en un 2,7% el número de envases reciclados".
El sistema de retorno planteado por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente se aplicará a envases de agua, zumos, refescos y cerveza -en vidrio, plástico, latas y tetrabrick-, y no será sustitutivo, sino complementario, de los actuales contenedores de recogida de residuos. El consumidor abonará 10 céntimos por envase -lo que, según las asociaciones de consumidores, encarecerá la cesta de la compra-, que le serán devueltos al retornarlo. El comercio percibirá 2 céntimos por unidad y quien los recoja en los comercios, otros 2 céntimos.
Conflicto de competencias
"No se entiende la premura por poner en marcha un sistema que ya ha sido rechazado en varios países de la Unión Europea (como Francia, Reino Unido, República Checa, Irlanda u Holanda) y que por su complejidad no ha sido capaz de implantarse tampoco en otras comunidades autónomas. En este sentido, por ejemplo en Cataluña se lleva años estudiando la posibilidad de implantación del SDDR sin que hasta día de hoy se haya podido poner en marcha", añade.
"Se produciría un conflicto de competencias entre las normativas estatales que rigen el reciclaje y las normas de gestión de residuos autonómicos y locales. Además, este cambio que se estudia imponer en la Comunidad Valenciana supondría una ruptura del principio de unidad de mercado en materia de normativa de envases y reciclaje en el conjunto del país", destaca.
Desde la Confederación se considera que una propuesta de este tipo debería ser en todo caso consensuada previamente con los diferentes colectivos implicados y no imponerse de manera unilateral por parte de la Administración. "La Corte de Justicia de la Unión Europea advierte que la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la imposición obligatoria de sistema de depósito deben ser estrictamente justificados por el estado miembro que desee imponerlo", detalla.
"Cabe destacar el compromiso que la hostelería ha demostrado durante décadas con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, siendo uno de los sectores productivos con mayores tasas de reciclaje y retorno, por lo que desde la Confederación se insta a un aumento de la educación y concienciación en el uso de los sistemas de retorno de envases existente", concluye.
