La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinaroz, que investiga las presuntas irregularidades en su concesión y explotación, que imponga una fianza de unos 1.035 millones de euros a los imputados en la causa, para garantizar las posibles indemnizaciones futuras. La organización plantea que todos los investigados afronten solidariamente la fianza, desde el Estado a la promotora del proyecto Escal UGS -participada, directamente y a través de filiales, por ACS y la canadiense Dundee Energy-.
El objetivo de Aplaca -promovida por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sènia- es blindar las indemnizaciones frente a una posible declaración de insolvencia de Escal UGS. Fuentes de la entidad apuntan a que, en las últimas semanas, esta sociedad ha cambiado su domicilio social, así como que no tiene infraestructura conocida ni página web. Todo ello ha disparado el temor a que pueda ser "vaciada patrimonialmente", ya que Escal es una sociedad "instrumental, indisolublemente asociada al proyecto Castor".
La asociación recuerda, en su escrito, que el propio juez dictó, en febrero, una resolución en la que reconoce el derecho de las personas a ser indemnizadas por los daños materiales e inmateriales que pudieran haber sufrido por el medio millar de terremotos vinculados a la actividad del almacén. Pide 12.000 euros para cada uno de los 86.284 afectados a los que representa.
El Juzgado investiga presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. La causa, que supera ya los 13.000 folios, fue declarada "compleja" en enero, por el alto número de investigados, el alcance y naturaleza de los hechos y la extensa documentación que requiere de pruebas periciales.
Los seísmos provocaron, en 2013, la suspensión del proyecto, gestionado por Escal, que ha recibido del Estado más de 1.600 millones en indemnizaciones.
