Comunidad Valenciana

El Banc de la Generalitat inicia su actividad con líneas de crédito que generarán 175 millones de inversión

El banco público de la Generalitat Valenciana inicia su actividad esta semana con la apertura de seis líneas de financiación que cuentan con una dotación conjunta de 45 millones de euros. El nuevo instrumento de financiación se pone en marcha dentro de la estructura del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda, con el objetivo de que se convierta en una entidad independiente y fuera del perímetro de consolidación del sector público vinculado a la Generalitat a finales de 2017. Su actividad se orienta "al fomento de la inversión productiva y al anticipo de las subvenciones otorgadas por la Generalitat", así como a dar respaldo "a familias que tienen dificultades", y se buscará "promover la cofinanciación de proyectos de inversión con la iniciativa privada", para generar sinergias, según explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El funcionamiento del Banc de la Generalitat se apoyará en el canal online, evitando la creación de una red física que dispare los costes. La nueva web estará operativa a finales de julio, aunque los interesados en acceder a la financiación pueden hacerlo ya dirigiéndose al IVF.

El director general del IVF, Manuel Illueca, explica que el nuevo organismo se concibe como un instrumento de desarrollo o 'promotional bank', cuya actividad será complementaria a la de la banca privada, desarrollando una política de crédito anticíclica y facilitando financiación a proyectos viables pero que no logren el respaldo de las entidades financieras. Para ello "se han estudiado modelos ya en funcionamiento, tanto fuera de España -por ejemplo, en Alemania- como en otras comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Andalucía o Murcia, para aprender de las buenas prácticas y complementar para adaptar el instrumento a nuestras necesidades concretas".

Impacto de 175 millones

Las primeras líneas de crédito abiertas por el nuevo banco público se dirigen al sector turismo, al que se asignan 10 millones de euros; al sector agroalimentario, con otros 10 millones; a empresas en proceso de crecimiento e internacionalización, con 10 millones; a empresas de la economía social, con 5 millones; microcréditos para autónomos y microempresas -con hasta dos millones de euros de volumen de negocio o activos en balance-, con 5 millones, y a proyectos de emprendimiento innovador, con otros 5 millones.

El IVF también está trabajando para conseguir 30 millones de fondos europeos Feder, que se destinarán a proyectos empresariales con carácter innovador o gran potencial de crecimiento o internacionalización, con cuatro productos, en función de las necesidades de la empresa: capital semilla para firmas con proyectos de base tecnológica; préstamos participativos; capital riesgo para expansión, y préstamos subordinados.

El director general del IVF, Manuel Illueca, explica que esos 75 millones de euros para financiación se traducirán, en la práctica, en "un total de 175 millones de euros de financiación empresarial para promover el cambio de modelo productivo en la Comunitat Valenciana", gracias al "factor de apalancamiento", que se estima "en dos veces para las líneas financiadas con capital del IVF y de 2,8 veces" en el caso de los instrumentos soportados con fondos europeos.

Illueca detalla que estas líneas principales se irán complementando con otras, como el "reafianzamiento" de las garantías otorgadas a las empresas valencianas del sector audiovisual por CREA SGR -sociedad de garantía recíproca especializada en este sector-, "en el marco de las operaciones financieras suscritas por las empresas para anticipar subvenciones concecidas y, en general, ingresos por contratos celebrados con Culturarts y con la Dirección General de Comunicación de la Generalitat Valenciana", de los que se beneficiarán las proyectos de contenidos para la futura radio y televisión pública autonómicas.

Además, se articularán microcréditos para desempleados, en colaboración con el Servef -por 5 millones-; anticipos de subvenciones para residencias de la tercera edad; microcréditos para financiación de vivienda social -con respaldo de la Conselleria de Vivienda y el Ministerio-, y se dará respaldo al programa 'Ningún municipio valenciano sin servicios financieros', diseñado en colaboración con las diputaciones provinciales para dar cobertura a las localidades sin oficina bancaria tras el proceso de reestructuración del sector financiero privado abordado en los últimos años.

Supervisión del Banco de España

Illuecas explicó que separar el banco del perímetro de consolidación del sector público permitirá al organismo abrir nuevas líneas de captación de recursos propios, para reforzar su actividad de apoyo al sector empresarial y a familias valencianas, "con una separación 'de facto' entre actividad pública y financiación privada".

El área de financiación o inversiones dependerá de un consejo general, que estará integrado por 10 miembros: 5 nombrados por la Generalitat Valenciana y 5 independientes -un representante de las organizaciones empresariales, otro de los sindicatos y tres expertos "de recnocido prestigio"-. La actividad se someterá al control externo del Banco de España, con el que se está negociando en estos momentos un acuerdo de supervisión, como paso previo a la solicitud de una ficha bancaria propia, según explicó Illueca.

El IVF prevé capitalizar créditos con la Generalitat por importe de 200 millones de euros, lo que, junto a los recursos actualmente en balance, los ingresos por recuperación de operaciones de financiación ahora activas y la captación de fondos públicos (nacionales y europeos) supondrá situar el activo del nuevo Banc de la Generalitat en unos 450 millones de euros. El objetivo a medio plazo es situarlo en unos 600 millones.

Una vez escindida la actividad de banco público, en 2017, el IVF mantendrá su actividad de instrumento de política financiera de la Generalitat Valenciana, con funciones de supervisión de entidades financieras, emisión de deuda pública, concesión de créditos al sector público instrumenta y agencia de certificación electrónica, entre otras actividades.

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