El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha posibilitado, en los últimos años, el surgimiento y la proliferación de las plataformas P2P, en el contexto de la economía colaborativa. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Comunitat Valenciana
En primer lugar, cabe poner en cuestión la propia definición de este concepto, puesto que del mismo podría inferirse un carácter altruista que nada tiene que ver con la realidad, como ha puesto de relieve Tom Slee en su reciente publicación Lo que es tuyo, es mío.
Los defensores de este tipo de actividad argumentan que la economía colaborativa se basa en compartir recursos entre oferentes y demandantes, generando así una colocación más eficaz y eficiente de los mismos. Dicho de otro modo, se nos presenta esta nueva realidad como la reformulación de algo tan vetusto como el trueque, con unas posibilidades ampliadas de forma exponencial gracias al poder de interconectividad que proporciona Internet.
Sin embargo, la lógica quid pro quo que impera en el trueque poco o nada tiene que ver con esta nueva economía colaborativa. El intercambio de bienes y -principalmente- servicios se produce con un claro ánimo de lucro y, por tanto, nos encontramos ante una actividad económica puramente mercantil, desarrollada gracias al contexto digital. Prueba evidente de ello es la dimensión astronómica que están alcanzando algunas de estas empresas. En el contexto del sector alojativo-turístico, podemos resaltar organizaciones como AirBnb, con un valor estimado de más de 25.000 millones de dólares, o HomeAway, recientemente adquirida por el grupo Expedia por 3.600 millones de euros.
Suma cero
No obstante, el surgimiento de la vivienda turística no ha contribuido a un incremento neto del impacto económico. Nos encontramos ante una suerte de juego de sumatorio cero, en el que se transfieren los turistas y las pernoctaciones de una oferta alojativa tradicional hacia viviendas turísticas que compiten principalmente en el marco de precios. Como consecuencia de ello, se produce un efecto de sustitución, cuyo riesgo más evidente es el empobrecimiento de la rentabilidad turística, al producirse una presión a la baja de los precios por plaza. Una dinámica deflacionaria que queda demostrada si tomamos como referencia la evolución de datos como el RevPar o el precio medio diario.
Por otra parte, el efecto sustitutivo es depredador cuando hablamos de la generación de puestos de trabajo, dado que el ratio de empleo por número de habitaciones es de 3 a 1, cuando comparamos hoteles con apartamentos turísticos reglados, una brecha que aumenta, indudablemente, cuando hablamos de la oferta no reglada, al operar en una situación de opacidad fiscal y alegalidad.
Además, conviene señalar los efectos sobre la calidad del empleo turístico, al imponerse un nuevo modelo de relaciones laborales que tiene como consecuencia una minoración de derechos y protección de los trabajadores, así como la desprofesionalización de la mano de obra en pro del voluntarismo y amateurismo de los propietarios. Una tendencia que conlleva que el régimen laboral pase a ser sustituido por un régimen de propietarios; falsos trabajadores por cuenta propia que han de cargar con todas las obligaciones que implica la figura del empresario-autónomo, poniendo sus activos a disposición de un tercero -la multinacional P2P- que comercializa el producto sin ningún tipo de responsabilidad para con el oferente.
Población local
Otra de la partes afectadas es, sin duda, la población local. Cabe resaltar que las multinacionales P2P fundamentan su actividad en un proceso global de captación de activos inmobiliarios de terceros. La crisis del ladrillo en España ha supuesto un importante hundimiento de los precios de mercado entre particulares, además de la acumulación de un importante stock de viviendas vacías. El fenómeno de la vivienda turística a través de plataformas P2P está causando un efecto inflacionario de precios en el mercado de alquiler tradicional, algo fácilmente constatable si comparamos los ingresos medios por metro cuadrado obtenidos de un alquiler entre particulares y una vivienda de idénticas características destinada al uso turístico. Los potenciales beneficios pueden llegar a variar hasta un 60% y, en algunos barrios de Barcelona, la diferencia supera el 100%.
La nueva burbuja inmobiliaria es turística, motivo por el cual se debe prestar especial atención al riesgo de hiperconcentración y a la creación de barreras económicas que pueden derivar en la expulsión de la población local. De igual forma, el riesgo de saturación turística también afecta a la potencial tematización de las zonas con mayor flujo de visitantes de las ciudades en barrios exclusivos para turistas, eliminando así cualquier carácter autóctono o tradicional. Las ciudades europeas han de tener como objetivo estratégico la sostenibilidad, haciendo compatible el tráfico de viajeros urbanos con la actividad local.
Por lo que se refiere a la legislación vigente, la ausencia de un marco regulatorio claro, justo y equitativo ha favorecido la proliferación indiscriminada de una nueva oferta de vivienda turística a través de las plataformas P2P, no siendo capaz de impedir hasta el momento situaciones de competencia desleal y opacidad laboral y fiscal, donde los ciudadanos, el sector alojativo tradicional y el erario público han sido los mayores damnificados.
En conclusión, la resta de valor en la cadena de producción tiene como víctima a la población huésped y a su tejido económico, haciendo del turismo una actividad menos rentable económicamente, desprotegiendo a los trabajadores de sus derechos, saturando las zonas turísticas, y por tanto, instalando un modelo de bajo coste que pone en riesgo la calidad y sostenibilidad de nuestro sector turístico.
José Salinas, Director general de Salinas & Novella
