La Sindicatura de Comptes valenciana cifra en 37,2 millones de euros los sobrecostes abonados por la Generalitat Valenciana por la concesión de los servicios de hemodiálisis en hospitales públicos y en 16,76 millones los derivados del contrato de concierto de resonancias magnéticas. Respecto a este último, la Sindicatura advierte de que, "desde la puesta en marcha de la comisión paritaria de expertos, en julio de 2013, no se ha adoptado ningún acuerdo relevante que haya permitido disponer de criterios de facturación consensuados y más adecuados a la práctica habitual de la actividad en resonancias magnéticas".
La Sindicatura de Comptes ha entregado en Les Corts el 'Informe de seguimiento' del grado de implantación por parte de la Conselleria de Sanidad de las recomendaciones incluidas en sus informes de auditoría operativa emitidos sobre la gestión de los conciertos sanitarios de hemodiálisis -de 2012- y resonancias magnéticas -2013-.
En cuanto a los tratamientos de hemodiálisis, señala que "el grado de implantación de las recomendaciones -formuladas por la Sindicatura en un informe fechado en 2012- ha sido alto, ya que, excepto dos, todas las demás han sido implementadas por la Conselleria de Sanidad". La institución señala que "el contrato que sustenta el concierto de hemodiálisis finalizó el 31 de diciembre de 2009. La licitación y adjudicación de un nuevo contrato, se encuentra actualmente en trámite".
"En caso que se hubiera licitado oportunamente y se hubiera adjudicado a los precios máximos previstos en los pliegos, la facturación por las prestaciones recibidas en el periodo 2010-2015, se podría haber reducido en aproximadamente 37,2 millones de euros", subraya.
Mejor gestión de recursos
Este informe es el tercero que se realiza sobre conciertos sanitarios y se enmarca dentro del plan estratégico de la Sindicatura de Comptes, que contempla no solo impulsar las fiscalizaciones operativas orientadas a aportar aspectos de mejora en la gestión de los recursos públicos, sino también el de efectuar un seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones que se efectúan en los informes que se emiten como consecuencia de estas fiscalizaciones.
