La Audiencia Provincial de Valencia considera que el Ayuntamiento, como persona jurídica, no puede personarse como acusación popular en la pieza que investiga el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP. La Sección Cuarta de la Audiencia apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para concluir que la acción pública penal pertenece al Ministerio Fiscal.
El tribunal estima así, parcialmente, el recurso presentado por la concejal Beatriz Simón, imputada en esta causa, contra el auto del Juzgado de Instrucción 18 que dio al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar personarse como acción popular, tras rechazar su solicitud para ser acusación particular. "La acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia; no a la participación de más poderes en la Justicia", razona el Tribunal en una resolución, notificada hoy a las partes.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, con 47 personas imputadas (también lo está el PP como persona jurídica), es una pieza separada del 'Caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
En concreto, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El 'Caso Imelsa' cuenta con una segunda pieza separada, relativa a las supuestas contrataciones ficticias en el seno de esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia
La causa, con más de 115 imputados, nació en abril de 2015 y está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación y falsedad documental.
