La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes un recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder la progresión al tercer grado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'. Esta tarde, Fabra ha abandonado la cárcel para disfrutar de un permiso de fin de semana.
En su recurso de apelación, la Fiscalía solicita al tribunal la revocación del tercer grado concedido al citado Carlos Fabra. La decisión de la juez de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado, por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez todavía no ha establecido el régimen de vida en semilibertad ordenado por el juez que va a llevar Fabra. Eso no afecta a los fines de semana que siempre son fuera de prisión y por ello Fabra ha abandonado la cárcel a la que no regresará hasta el lunes.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que la instrucción del caso se prolongó durante una década y sufrió multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Denegación de indulto
Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente del PP, quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia, tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba.
El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
