La exalcaldesa de Valencia,, Rita Barberá, ha reconocido que se reunió en su despacho con el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y con el exsocio de éste, Diego Torres, para negociar el impulso de unas jornadas "paralelas" a la celebración de la Copa América y que fueron proyectadas bajo el nombre Valencia Summit. En su comparecencia, ha precisado que en el encuentro "no se concretó nada y eran más que nada ideas", dejando claro tajante que no negoció nada acerca del precio de las jornadas. La exprimera edil ha hecho hincapié asimismo en que Nóos era una asociación "sin ánimo de lucro".
A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Barberá, quien ha arrancado su comparecencia anunciado su intención de "colaborar plenamente con la justicia" y ha manifestado, en relación a sus explicaciones, que "me gustaría muchísimo que me creyeran", a lo que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach le ha respondido: "Eso es un poco difícil, señora Barberá".
La exalcaldesa ha recordado cómo Urdangarín le propuso "traer expertos del mundo para hablar de la ciudad en el marco de la Copa América", tras lo cual la entonces alcaldesa le recomendó que abordase este asunto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que ha aseverado que tenía naturaleza privada.
De hecho, al ser interpelada sobre si comprobó el destino que la FTVCB dio a los fondos del Summit, ha aseverado que esa "no era mi misión".
Así lo ha manifestado en su declaración ante el tribunal que juzga a los 17 acusados del juicio del caso Nóos, en la que ha subrayado la importancia de recibir a Urdangarín "como una persona dos veces medallista, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y muy bien relacionado con los medios deportivos internacionales".
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local incorporado a la causa, subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.
Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas siempre por Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por Urdangarín para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.
Pese a responder ante algunas preguntas no recordar algunos hechos concretos porque "ha pasado mucho tiempo y mucha vida", Barberá ha subrayado que tras la reunión con los dos exsocios de Nóos "terminó mi preocupación sobre los Valencia Summit".
No hubo reunión en Zarzuela
De forma paralela, la actual senadora ha negado tajante que se reuniera con Urdangarin y Torres en el Palacio de la Zarzuela: "Ha sido un honor estar muchas veces allí, pero no para esto". Barberá ha rebatido así las afirmaciones efectuadas al respecto por Torres, quien en un escrito situó el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del primer Valencia Summit.
A partir de ahí y al ser inquirida sobre el papel del exvicealcalde Alfonso Grau, acusado en la causa, la testigo ha asegurado que no dio "ni una sola instrucción ni orden" respecto a los Summit, una cuestión que ha considerado "colateral a todo el engranaje de problemas que había en el Ayuntamiento". No obstante, ha manifestado estar "segura de que la tramitación se llevó a cabo con todo el rigor del mundo".
Preguntada sobre si trató del asunto con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps -citado a declarar el viernes-, Barberá ha manifestado no recordarlo, puesto que al exalto cargo del PP "le veía con muchísima frecuencia".
Carta de Urdangarín
Durante su declaración, que arrancó a las 9.35 horas, Barberá ha asegurado, asimismo, no recordar que Urdangarín le remitiera una carta en relación a los Summit y que previamente había pasado la supervisión del exsecretario personal de las Infantas Carlos García Revenga, de cara a su validación definitiva, tal y como se desprende de diversos correos aportados en su día por Torres. "Las cartas entraban a centenares", ha justificado.
En la carta, Urdangarín agradece "de antemano su inestimable aportación, que ayudó mucho a generar el clima tan positivo mantenido en la comida del pasado lunes" -la misiva está fechada el 16 de enero de 2004-.
Y prosigue: "Tal y como acordamos, queremos reiterar la total disponibilidad de D. Juan Pablo Molinero [exempleado de Nóos], como experto de nuestra empresa en temas de marca para cuanto consideren oportuno, incluyendo el asesoramiento y la asistencia a las sesiones de trabajo sobre el 'branding' a celebrar en Suiza próximamente. Quedamos a su disposición para concretar aspectos de agenda y para cuanto consideren oportuno. Reciba un cordial saludo", concluye.
Finalmente, Barberá ha sido inquirida en torno a los Juegos Europeos, evento por el que el Instituto Nóos percibió 382.203 euros en 2006, pese a que finalmente no se llevó a cabo, sobre el que ha aseverado que "no sabía ni que existían". "Yo creía que se trataba de los Juegos Olímpicos de la Juventud", ha remachado.
Contratación irregular
Las acusaciones apuntan a la inadecuada elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la Nóós, toda vez que se prescindieron los trámites obligados por la Ley.
Durante la instrucción de la causa, el juez José Castro aseveró que "éstas y otras irregularidades, sin merma de que algunas de ellas ya sean de por sí mismas delictivas, ponen de manifiesto que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron estrictamente voluntaristas", recriminando cómo, ante esto, Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas".
Mediante su exposición razonada, que el magistrado elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Castro proponía a la máxima instancia judicial valenciana que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, al apuntar a la "decisiva e imputable intervención" de ambas autoridades, quienes debido a su entonces condición de aforados -por ser diputados en las Cortes- debían ser investigados por el TSJCV, que rechazó asumirla.
