El informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana sobre las auditorías del ejercicio 2014 de las entidades, empresas y fundaciones que integran el sector público de la comunidad supone un nuevo varapalo a la gestión del Partido Popular -presidido ese año por Alberto Fabra-. Tras revisar la actividad económico-financiera de 35 entidades, el órgano fiscalizador concluye que todas ellas incumplieron la legalidad durante ese ejercicio. Las irregularidades se centran, sobre todo, en dos ámbitos: la contratación pública y los gastos de personal -tanto salarios, como dietas, complementos e indemnizaciones-.
La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, indicó que la Abogacía de la Generalitat estudiará los diferentes casos y, en aquellos que proceda, se pondrá toda la información en manos de la Fiscalía, para abrir acciones judiciales, o se iniciarán procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Oltra afirma que uno de los objetivos del Gobierno es intentar que retorne a las arcas públicas "la mayor parte posible del dinero desviado".
En el caso de la contratación pública, entre las prácticas detectadas están el fraccionamiento de los contratos, para eludir la concurrencia y la publicidad; el abuso en el procedimiento negociado; la declaración de urgencia motivada de manera insuficiente, y la opacidad, al no comunicar las adjudicaciones al Registro Oficial de Contratos.
Por lo que respecta a la gestión de personal, se mencionan el pago o aumento de salarios sin la aprobación por parte de la Dirección General de Presupuestos -por un importe estimado de unos 93.000 euros-; superar el presupuesto máximo establecido para gastos salariales, tanto de la plantilla -en ocho entidades- como de cargos directivos; realizar contrataciones temporales sin la preceptiva autorización; disparidad de condiciones laborales del personal, y cargo de importes excesivos por dietas, indemnizaciones y kilometraje.
La Intervención destaca que el auditor denegó emitir opinión sobre las cuentas del ejercicio 2014 de tres entidades públicas: la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Ciudad de la Luz y la gestora del Aeropuerto de Castellón (Aerocas).
Respecto a SPTCV, a la que están vinculadas las otras dos entidades, destaca, por un lado, que destinó 25,9 millones a proyectos en los que no se han hecho actuaciones -como el Centro de Convenciones de Castellón o la Ciudad de las Lenguas-, así como la situación de Ciudad de la Luz -en subasta por ayudas públicas irregulares y pendiente de una resolución del Supremo sobre expropiaciones de suelo-.
Sobre Aerocas -sujeta también a investigación europea- se apunta que la Administración no aportó informe sobre su beneficio social o la rentabilidad potencial .
La vicepresidenta subrayó que las irregularidades generalizadas ponen de relieve la necesidad de una Ley del Sector Público, para mejorar su gestión, control y transparencia. Esta ley se elaborará este año y, mientras, se aplicará una "normativa de transición".
