El Gobierno valenciano ha aprobado hoy presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Consejo de Ministros de repercutir en la Comunitat Valenciana el pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por Bruselas al Estado español por manipulación de los datos del déficit. La Generalitat Valenciana defiende que la multa se dirige contra el Estado, así como que era competencia de la Administración central supervisar los datos del déficit. El Consell considera que "el Gobierno central demostró una grave negligencia de sus competencias al no garantizar la realidad y veracidad de los datos que comunica a los organismos europeos".
El Consejo de Ministros desestimó, el pasado 4 de marzo, las alegaciones presentadas por la Generalitat, al considerar que "la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa corresponde, en exclusiva, a la comunidad autónoma y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago". El Estado ya abonó la multa a la Comisión Europea el pasado 28 de enero.
En ese momento, se inició el procedimiento de "derivación de responsabilidad a la administración responsable", la Generalitat Valenciana, a la que se dio un plazo de diez días para presentar alegaciones, que han sido desestimadas. Ahora, el Estado reclama, además de los 18,93 millones, otros 57.567,94 euros, en concepto de intereses devengados desde el día que se pagó la multa hasta el acuerdo de hoy del Consejo de Ministros
La Generaltiat rechaza la afirmación de la Intervención General del Estado de que, entre 2008 y 2012, "no contaba con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades". Esto, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, "resulta increíble", datos los reiterados avisos que dio la Sindicatura de Cuentas valenciana, cuyos informes se elevaban al Tribunal de Cuentas, tal y como constató la Comisión Europea en su investigación.
El PSPV subrayó, además, que el ministro Cristóbal Montoro presentó las alegaciones a la multa ante Bruselas "fuera de plazo, imposibilitando, por ello, recurrir a la sanción".
Primera multa por manipulación
Se trata de la primera multa por manipulación contable a un país comunitario. La Comisión Europea considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana). Los hechos saltaron a la luz en 2012, cuando el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, tras salir a la luz los gastos sanitarios ocultos en la Comunidad Valenciana. La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011.
El importe se considera "anecdótico", ya que podría haber alcanzado el 0,2 por ciento del PIB -unos 2.000 millones de euros-. Entre los "factores atenuantes" aplicados por Bruselas se destacó la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en la investigación y que las cuentas se han regularizado y "se ha puesto fin" a los gastos no computados.
La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.
