El exconseller de Gobernación y actual diputado autonómico, Luis Santamaría, se perfila como presidente de la gestora que dirigirá el grupo municipal del PP en Valencia. El PPCV celebra esta tarde la Junta Directiva Regional en la que aprobará la composición de la gestora que dirigirá el PP de Valencia, después de que su dirección fuera disuelta a raíz de la denominada Operación Taula, derivada del caso Imelsa, y que supondrá un cambio "radical", con personas que "den la cara", y, por ello, se elegirá a "gente de base comprometida con el partido y preparada, que no necesita la política para vivir, que es fundamental, de ámbitos muy variopintos". A la junta asistirá el vicesecretario de Organización del partido, Fernando Martínez-Maíllo.
El pasado martes, el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el "Caso Imelsa", decidió abrir una pieza separada por el presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en Valencia, con 50 investigados, y acordó prorrogar un mes el secreto del sumario de la causa abierta por un supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a cambio de comisiones ilegales -hasta mediados de marzo-.
La trama investigada en el 'caso Imelsa'
Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.
La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
En el curso de la 'Operación Taula' fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.
