El cerco judicial sobre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, continúa estrechándose, mientras la ahora senadora sigue evitando cualquier aparición pública. A los indicios que apuntan a su inminente implicación en la investigación por la presunta trama de financiación ilegal del PP, se suman los avances en el conocido como Ritaleaks, en el que se investigan unos 300.000 euros en gastos de Barberá y su equipo entre 2009 y 2015, parte de ellos no justificados y otros no ligados directamente a su trabajo -viajes, comidas y regalos, entre otros-.
El Ayuntamiento de Valencia ha informado de que ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción un informe -de más de 300 páginas- que complementa las 466 facturas denunciadas por Compromís en mayo y podría precipitar su imputación. El alcalde, Joan Ribó, apuntó que el fiscal debe dilucidar si estos gastos pudiesen suponer "un uso fraudulento" de dinero público.
En ambos casos, y dada su condición de aforada, es el Tribunal Supremo el que tiene que actuar.
Ribó aseguró que la intención del consistorio es personarse en las dos causas si se confirman que provocaron perjuicios a la ciudad.
Bonig pide explicaciones
En este contexto, la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, apuntó, respecto a la posición de Barberá, que una cuestión es la "responsabilidad judicial, que ya la determinarán los tribunales" y "hay claramente una responsabilidad política, por lo menos de dar la cara y dar explicaciones, porque se ha producido un hecho grave en el Ayuntamiento con concejales de su equipo".
El PPCV se sumó al resto de fuerzas en Las Cortes Valencianas en una declaración de "reprobación" de todos los políticos que han sido condenados o que puedan serlo en el futuro por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social y contra la administración pública.
