La Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión para el exgerente de la Plataforma Logística Plaza de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril, y 7 años y 8 meses para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco por varios delitos relacionados con la ejecución de esta plataforma. El fiscal calcula que se produjo un desvió total en perjuicio de Plaza por valor de 147,3 millones de euros. En total, Anticorrpución pide 190 años de cárcel para 25 personas, entre ellas, el presidente y consejero delegado solidario de Porcelanosa, Manuel Colonques, como administrador de la sociedad Maguitel. Colonques e enfrenta a una petición de 5 años y 10 meses de prisión por presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos que atribuyen a los principales investigados, entre ellos García Becerril, para el que solicita además 42 años de inhabilitación y 2,8 millones de euros de multa.
Asimismo, considera que se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, adjudicataria de la dirección de obra; sobrefacturación de los trabajos ejecutados, mediante el aumento de los precios reales, simulando mayores medidas en las obras realizadas y certificando ficticiamente trabajos no ejecutados, pagos en especie con cargo a Plaza y facturaciones falsas.
En concepto de responsabilidad civil, pide conjuntamente para Ricardo García Becerril, Miguel Ángel Pérez, José María Jordán, José Luis Rodríguez, quien fuera jefe administrativo de la UTE, y Nicola Adrianus Groeneveld una indemnización de 147,3 millones de euros, cantidad de la que, según el escrito, subsidiariamente deberá responder Acciona.
El que fuera propietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, también está procesado y el fiscal solicita para él 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho y falsedad documental.
A Carlos Esco, quien fuera consejero delegado de Plaza y viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés PSOE-PAR (2008-2011) le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
"Plan urdido en 2012"
La Fiscalía Anticorrupción considera que hubo un plan urdido en 2002 por los principales responsables para ejecutar las obras de esta plataforma logística, la mayor de Europa, y obtener beneficios.
De acuerdo con esto, pide penas que suman 14 años de cárcel para Miguel Ángel Pérez, el que fuera director técnico de Plaza (sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón), así como 10 años y 9 meses para el director-gerente de la UTE formada por Acciona y MLN, José María Jordán.
En el escrito de acusación, de 196 páginas, figuran la esposa de García Becerril, Elena Planté, para la que pide 2 años y 9 meses de prisión, y sus dos hijas, Patricia y Carolina, para las que solicita 5 años y 10 meses de prisión y 9 años y 1 mes, respectivamente.
Para Carlos Esco, como responsabilidad civil, pide 6 millones de euros. La semana pasada presentaron también el escrito de acusación el Gobierno de Aragón, que pide 25 años de cárcel para García Becerril y 6 para Esco; así como Plaza, que cifra en 156 millones de euros los perjuicios económicos sufridos y que acusa a 23 personas.
