El máximo responsable del Valencian Global Growth Program, José Vicente Pons, ha encargado un informe que hará llegar a los máximos responsables de la Conselleria de Hacienda, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la Abogacía de la Generalitat, en el que se explican "los beneficios evidentes que el programa ha tenido para la economía y la administración valenciana", con el objetivo de "rebatir las dudas planteadas". Un informe realizado por la Abogacía a instancias del IVF concluía que se había infringido la normativa de contratos del sector público, ya que se asignaron 4,5 millones de euros a las dos consultoras privadas gestoras del programa de aceleración de empresas -Business Innovation, de capital valenciano, y Entrepreneurship Ventures, norteamericano-, sin "publicidad" ni "concurrencia". "Estoy seguro que todo esto ha sido un malentendido que pronto solucionaremos. Valencian Global ha generado más de 14 millones de ingresos adicionales para la administración, más de 33 millones de euros para la economía valenciana, ha acelerado el crecimiento de 31 empresas que han generado 54 nuevos puestos de trabajo y han invertido 19 millones de euros con financiación privada", afirma Pons.
El directivo apunta que, gracias al programa, el IVF ingresará en 5 años casi 600.000 euros por intereses y habrá ayudado a generar más de 10 millones adicionales de IVA y caso 2 millones de euros de IRPF. Además se ha inducido una inversión privada en las empresas de 18 millones de euros.
José Vicente Pons quiere recordar "que ni Valencian Global ni ninguna de las empresas organizadoras han recibido un solo euro de subvenciones. Todos los préstamos del IVF eran aprobados por las correspondientes comisiones del instituto con las condiciones y garantías marcadas expresamente en el acuerdo".
El informe de la Abogacía recogía, asimismo, que los créditos, rubricados por el exconseller Máximo Buch, se habrían articulado bajo la fórmula de préstamos participativos y que se habría condicionado su retorno al IVF al cumplimiento de los objetivos establecidos en cada proyecto, lo que conllevaría un riesgo de no devolución de las cantidades, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
A este respecto, Pons quiere subrayar "que la propia Abogacía de la Generalitat reconoce en su informe que desde el IVF nada se nos ha indicado respecto a si el resultado las ediciones del programa ha sido exitoso o por el contrario ha fracasado y si las empresas financiadas con el citado programa están en condiciones de devolver las cantidades prestadas y si han devuelto la amortización anual".
También ha querido negar tajantemente que las empresas organizadoras hayan recibido 14.000 euros por sus servicios, "lo que también elimina la supuesta onerosidad denunciada", en su opinión.
