Las elecciones del pasado 20 de diciembre nos han dejado un escenario lleno de incertidumbres, muchas más que certezas, salvo para los agoreros o para los pitonisos ejercientes. No sabemos si Mariano Rajoy será capaz de formar gobierno, ni, en su caso, a qué precio. Ni tampoco, si Pedro Sánchez decidirá pactar con Podemos, aunque ello pueda llevar a su partido a perder su histórico papel como alternativa de izquierda moderada al Partido Popular. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Comunitat Valenciana
Por otra parte, desconocemos si Podemos favorecerá la investidura de un presidente de la "casta" o cuál será la opción de los emergentes Ciudadanos, claves en un posible gobierno de centro-derecha o, por qué no, de centro-izquierda, ni la decisión de los cada vez más economicistas peneuvistas.
Existen, por lo tanto, tantas dudas en cuanto al futuro Gobierno de este país que el común de los ciudadanos empieza a sentir curiosidad por conocer cuál es el íter procedimental para la elección de nuestro futuro presidente del Gobierno que, a su vez, elegirá "con libertad" a sus ministros colaboradores.
Pues bien, el procedimiento, de acuerdo con lo que establece la Constitución, se inicia con la llamada del Rey a consultas a los representantes de los grupos políticos que hayan obtenido representación parlamentaria. Tras escucharles a todos ellos y, a través del presidente del Congreso, debe proponer un candidato para la Presidencia del Gobierno.
Este candidato dispondrá de dos oportunidades iniciales. En la primera, deberá obtener la mayoría absoluta de los diputados en el Congreso -el Senado, para estos temas, no tiene participación-. Si, en esta primera votación, no obtuviere esta mayoría cualificada, el mismo candidato podría ser investido presidente del Gobierno si fuese capaz de obtener la mayoría simple, en una segunda votación, dos días después. En el caso de que tampoco obtuviese la mencionada mayoría simple, el Rey podrá proponer a otros candidatos para que se sometan al mismo procedimiento.
Mayoría absoluta complicada
Dado el escenario político existente tras la jornada electoral, entendemos que resulta complicada la obtención de una mayoría absoluta por parte del Partido Popular o del Partido Socialista. Con este escenario de atomización parlamentaria, va a ser necesario que, para la obtención de la mayoría simple subsiguiente, entren en juego pactos entre varias formaciones políticas, similares o no a los que se han dado a nivel autonómico y municipal. En este caso, serán tan importantes, prácticamente, los votos a favor como las abstenciones.
El escenario de un gran pacto PP-PSOE no parece plausible en nuestro país, al contrario de lo que ha sucedido en otros países miembros de la Unión Europea, como Italia, donde en el año 2014, se firmó el Pacto del Nazareno, nada menos que entre el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, y Matteo Renzi, líder del Partito Democrático. Este pacto, de gran calado -aunque no en las mismas circunstancias que las que tenemos en nuestro país a fecha de hoy-, y criticado con mucha dureza por Beppe Grillo -con muchas matizaciones, el Pablo Iglesias italiano-, ha dado, sin duda, una estabilidad política e institucional a un país muy necesitado de ella y le está permitiendo ganar relevancia en el plano internacional.
Tampoco deben olvidarse los pactos en Alemania entre la derecha y la izquierda, hasta tres desde la Segunda Guerra Mundial que, en 2005, permitieron la investidura de Angela Merkel, la primera canciller mujer de la historia alemana, en virtud del acuerdo entre los socialdemócratas del SPD y los conservadores de la CDU y de la CSU.
Nuevas elecciones
Pero, volviendo a la situación política generada en nuestro país tras los comicios del 20 de diciembre, si transcurrieren dos meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato propuesto hubiere obtenido la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de nuevas elecciones, y lo comunicará al presidente del Senado.
Por lo tanto, los diputados tienen sesenta días, a partir del día 13 de enero de 2016, en que se reunirán en sesión constitutiva, tal y como establece el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, para elegir un presidente del Gobierno.
Este plazo debe respetarse si queremos mantener la credibilidad ganada en estos últimos años en el ámbito internacional. Una nueva convocatoria de elecciones difundiría, internacionalmente, una imagen de inestabilidad e inseguridad de nuestro país que, con nuestro pasado reciente, no nos podemos permitir. La incertidumbre política y la ingobernabilidad, aunque fueran transitorias, resultarían tremendamente dañinas para los intereses económicos y sociales de España.
El escenario ha cambiado
El escenario político nacional ha cambiado, es evidente, y los nuevos tiempos demandan un cambio sustancial en la forma de hacer política. El diálogo, la capacidad de pactar y la renuncia a dogmas intocables, deben estar presentes en la tarea inicial de todas las formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria.
Esperamos, por lo tanto, que todos los partidos políticos con opciones para formar gobierno, o para facilitarlo, tengan sentido de la responsabilidad y procedan, en los plazos marcados, a configurar o a permitir que se configure un gobierno que pueda mantener el ritmo de crecimiento de estos últimos años.
Sin duda, no va ser una tarea fácil. Para ello, va a ser necesaria una enorme capacidad de transacción, pero, sin perder de vista los intereses generales, por favor.
José Vicente Morote, socio director del Área de Derecho Público y Regulatorio de Olleros Abogados