El Instituto de Empresa Familiar (Ivefa) exige a las Administraciones públicas el cumplimiento de los plazos legales de pago a sus proveedores, para evitar abocarlas a problemas de liquidez que suponen riesgo de cierre y destrucción de empleos. José Bernardo Noblejas, presidente de Ivefa denuncia que, a pesar de que la ley establece un plazo de 30 días para hacer efectivos estos pagos, "nos encontramos con casos en los que el abono se retrasa un año, incluso dos, y, cuando finalmente se paga, no se incluyen intereses de demora. Mientras, la empresa puede verse abocada a recurrir al crédito bancario para abordar sus propios pagos a empleados y proveedores. Teniendo en cuenta todos los retrasos, comisiones, intereses,.... el coste financiero estimado para la empresa puede llegar a ser de un 14% de la cantidad adeudada por la Administración".
El Ivefa incluye esta petición entre sus reivindicaciones para los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre. Entre otros puntos destacados, están también la articulación de incentivos y ayudas para mantener los puestos de trabajo, eliminar la burocracia y reducir los trámites para las gestiones empresariales y, en definitiva, buscar la pervivencia de la empresa familiar, "pues representa el 90% del tejido empresarial", destaca Noblejas.
El instituto plantea medidas que eviten el sistema de subvenciones, que considera "perverso". "La subvención, normalmente, favorece al que menos se lo merece. Hay que apoyar por la vía de la generación de empleo y la compensación en impuestos, de manera que, al que más aporte, menos le cueste". En esta línea, abogó por mejorar la transparencia para evitar usos irregulares de las subvenciones.
Así, desde Ivefa se plantea que la Administración pueda articular y crear ayudas para las empresas en situación de ERE, a través de medidas fiscales, como no pagar la Seguridad Social de los trabajadores afectados. "Estas ayudas serán exclusivamente para no disminuir la producción (que sigan trabajando), para seguir siendo competitivas y crear nuevos puestos de trabajo, buscando la pervivencia de la empresa familiar y reivindicando su importante papel en el tejido empresarial", ha anunciado el presidente de Ivefa.
En este sentido, abogó también por una revisión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que con su enfoque actual, dificulta los procesos de relevo generacional al frente de las empresas, por el "coste brutal" que suponen, de manera que "una empresa que funcione bien puede hacerse inviable". Además, ha reclamado que los re-emprendedores (sucesores que reciben un patrimonio empresarial y necesitan una adaptación) puedan acceder a los mismos beneficios que el resto de emprendedores.
Formación e innovación
Desde Ivefa se propone la creación de un contrato específico para talento innovador, que "evitaría la fuga de cerebros y dotaría a nuestras empresas de profesionales mejor preparados", comenta Noblejas. La Administración debería asumir parte del coste, reduciendo cargas fiscales y de Seguridad Social, y la empresa se comprometería a mantener todos sus puestos de trabajo durante un tiempo determinado o a devolver toda la ayuda recibida.
Asimismo, solicita una revisión e impulso de la Formación Profesional y de los programas de formación para desempleados, "porque algunas personas son imposibles de contratar con su nivel de preparación", apuntó.
Respecto al fraude fiscal, Ivefa exige a los partidos políticos que el que gobierne debe conseguir reducir el fraude fiscal, "dotando de medios eficientes a la administración para combatirlo y eliminando la economía sumergida que genera competencia desleal, para crear más puestos de trabajo", ha añadido Noblejas.
El representante de los empresarios familiares ha pedido que se rebajen los costes energéticos de las empresas y se fomente la internacionalización "para que la empresa familiar pueda competir en un mercado globalizado y pueda crear puestos de trabajo".
