Feria Valencia ha interpuesto ante el juzgado de primera instancia número 1 de Madrid una demanda en la que reclama al Partido Popular (PP) el pago de 568.111,94 euros correspondientes al Congreso Nacional que la formación política celebró en el recinto en el año 2008, en el que Mariano Rajoy fue designado candidato a la presidencia del Gobierno. La institución ferial pide, además, que se condene al PP al pago de las costas de este procedimiento.
En la documentación presentada ante el juzgado -adelantada este viernes por el diario El Mundo-, Feria Valencia justifica la demanda en que el PP "ha incumplido el contrato por el cual se obligaba al pago de los servicios prestados" para la celebración del cónclave 'popular'. Añade que, "a día de hoy, siete años después de la celebración del congreso, la factura permanece impagada en su totalidad" y que, ante este "incumplimiento", Feria Valencia "ha efectuado numerosas comunicaciones extrajudiciales con el fin de hallar una solución negociada al presente conflicto, sin que estas hayan resultado fructíferas". De hecho, apuntan, "tras siete años de silencio", la parte demanda (el PP) "argumenta en su escrito de oposición que no existe contrato ni presupuesto.
Feria Valencia señala que el motivo último por el cual parece que no se pagó -lo que deduce por un email enviado el septiembre de 2008, donde se les instaba a enviar el presupuesto al PP valenciano- es la "discrepancia entre el PP nacional y el valenciano sobre quién debía pagar los gastos".
Tanto la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han pedido al PP que afronte este pago por el alquiler del recinto y los servicios que se le prestaron. Oltra ha subrayado que Rajoy siempre ha dicho que "se ha de cumplir la legislación" y "el PP también la tiene que cumplir".
Asimismo, se ha mostrado "extrañada" por el hecho de que no se haya reclamado antes el pago de algo que "es nuestro", cuando la situación de Feria Valencia no es precisamente "boyante" -con una deuda que ronda los 700 millones de euros- y entra dentro de la legalidad ordinaria que el acreedor cobre del deudor. "¿Por qué hemos tardado siete años en reclamarlo?", ha incidido. En esta línea, ha añadido que "suena casual" que tras el cambio de Consell se le esté reclamando y ha recalcado: "a buen entendedor, pocas palabras bastan".
Reunión con Francisco Camps
La institución ferial detalla que, en abril de 2008, el PP entró en contacto con ellos con el propósito de contratar el espacio y los servicios necesarios para la celebración del Congreso Nacional, que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio de 2008. Alude a una reunión celebrada el día 17 de abril "al más alto nivel" en la que participaron, entre otros, el presidente en ese momento del PPCV, Francisco Camps, y el presidente del comité organizador del congreso, Ramón Luis Valcárcel.
De acuerdo a los argumentos de Feria Valencia, elaboró un presupuesto y preparó un borrador del contrato, enviado el 10 de junio, y el día 11 envió un presupuesto complementario por unos arcos de seguridad, que el exgerente del PP Cristóbal Páez confirmó ese mismo día. Además, el día 13 de junio, Antonio de la Fuente, quien era adjunto a la gerencia nacional del partido y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, solicitó unas variaciones en la seguridad que, finalmente, no se ejecutaron ni facturaron.
En todo caso, Feria Valencia sostiene que si esta entidad "no hubiera tenido aprobado el presupuesto, no comienza ni el montaje, por ello dio por aprobado el presupuesto porque así se lo indicaron los organizadores, aunque nunca lo hicieron por escrito".
'Contrato verbal'
Para la representación de la Feria, el debate "se centraría en dos aspectos: la existencia del contrato y la previa existencia de presupuesto". Sobre la primera cuestión, alega que "la existencia del contrato verbal parace más que evidente y dificilmente cuestionable", puesto que el consentimiento, que sí es obligatorio en un contrato, es claro que se prestó". "Quién puede imaginar que un partido político como el PP celebra un Congreso Nacional en un recinto sin que haya consentimiento por quien tenga autoridad para tomar la decisión", se pregunta.
"El presupuesto fue aceptado verbalmente y hubo un consentimiento tácito clarísimo, nadie deja que se preste un servicio de este importe, conociéndolo previamente, sin estar de acuerdo; y aquí debemos apelar al sentido común", sostiene.
En la misma línea, considera que "argumentar la falta de un documento escrito no obligatorio por ley, o la ausencia de un mail específico que apruebe el presupuesto en su conjunto, para no pagar servicios que sí se han prestado, no es el comportamiento que cabría esperar de un cliente tan destacado".
Como conclusión, Feria Valencia recalca que el Congreso se celebró, que se prestaron los servicios, que se emitió la correspondiente factura y que se ha intentado, sin éxito, el cobro extrajudicial. Asimismo, aporta varios documentos, como factura del evento, cartas y correos electrónicos, entre otros.
Acuerdo extrajudicial
Por su parte, fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que cuando hay un conflicto de estas características se produce un proceso monitorio, al que el PP se opuso, y que, para transformarse en ordinario, debe de presentarse una demanda, tal y como han hecho ahora los actuales responsables del recinto ferial.
Tras recibir hace unos días dicha demanda, lo previsible es que el juzgado incoe el procedimiento y, entonces, dé al PP 20 días para que presente sus alegaciones. Una vez tenga en su poder los dos escritos de las partes, se señalará una vista que, de acuerdo al actual calendario de señalamientos, podría celebrarse en junio de 2016. El procedimiento es intentar llegar a un acuerdo y, si no, ir a juicio.
