Los nuevos gerentes de la empresa pública Imelsa, Josep Ramon Tíller y Agustina Brines, han afirmado que estaba destinada a desaparecer tras años de gestión "presuntamente corrupta, negligente y partidista", pero tratarán de rescatarla a pesar de "la difícil herencia recibida" y de la imagen pública que tiene por las investigaciones judiciales sobre la anterior gestión. En esta línea, indicaron que intentarán "sacar del agujero", "sanear" y "limpiar" esta sociedad, porque no quieren hacer de ella "otro Canal 9", y trabajarán que sea "útil" para la ciudadanía.
Al respecto, han explicado que ya se ha empezado a actuar en su saneamiento y reestructuración, con una auditoría interna económica y de personal, y han avanzado que se están impulsando "medidas de control, de transparencia y de limitación de delitos que serán pioneras en empresas públicas en España".
Imelsa también colabora con auditores externos y en una auditoría de legalidad contratada desde la Intervención de la Diputación para los ejercicios 2011-2014, ya finalizada, y ha iniciado los trámites para la contratación de las auditorías externas financieras y de legalidad para 2015-2017.
Además, ha destacado Tíller, se han cambiado los servicios jurídicos externos que mantenía la anterior dirección en materia penal, laboral, mercantil y fiscal tributaria por el plazo de un año, lo que ha supuesto una reducción de costes del 50%.
Situación económica "saneada"
En este sentido, ha indicado que la situación económica de Imelsa se encuentra "saneada" y ha avanzado que la empresa cerrará el ejercicio actual con un superávit de tres millones de euros que serán retornados a la Diputación de Valencia. Además, el gerente quiere que sea una empresa "transparente, eficiente y útil a los intereses de la ciudadanía", aunque ha reconocido que "costará superar la mala imagen" que tiene.
Uno de los principales problemas con los que se encuentra la sociedad, ha dicho la gerente Agustina Brines, son los elevados gastos de personal, que consumen el 82% del presupuesto, agravado por un convenio colectivo, firmado 15 días antes de las elecciones, y que ha calificado de "bomba de relojería".
Brines ha anunciado que estudian la posibilidad de impugnar judicialmente el convenio, porque, además de comprometer el presupuesto de la empresa, están convencidos de que contiene "acuerdos ilegales y nulos", y están abriendo negociaciones con los sindicatos para tratar de crear un nuevo marco de relaciones laborales.
Los gerentes han explicado que la nueva Imelsa trabajará en cuatro áreas: la innovación, la promoción económica y la formación; la sostenibilidad y el medio rural, donde de integrarán las brigadas forestales; el turismo, y el medio ambiente.
Tíller ha destacado que se prevé la creación de unas brigadas verdes, que se encargarán de tareas de sendicultura, mantenimiento de zonas degradadas de municipios o limpieza de barrancos, y a las que se ofrecerá incorporarse, como segunda actividad, a un centenar de brigadistas mayores de 55.
Brines, por su parte, ha indicado que el área de turismo de Imelsa se encargará de ejecutar los planes y programas diseñados por la fundación Valencia Terra i Mar, que, según ha dicho, estudia un posible cambio de marca.
Ha justificado el despido de 15 personas el pasado viernes por necesidades de organización de la empresa y de pérdida de funciones, y ha señalado que de momento no hay previstos más despidos, al tiempo que ha defendido la suspensión de la convocatoria de 300 plazas de brigadistas forestales.
